El fin de la concesión del Sanctuary Lodge: ¿cuál será el futuro del lujoso hotel en Machu Picchu?
El reciente vencimiento del contrato de concesión del hotel Sanctuary Lodge, operado por la cadena Belmond, ha generado un ambiente de tensión en Machu Picchu. La presencia de más de 60 efectivos policiales en la zona sorprendió a los turistas que visitaban la emblemática ciudadela incaica, creando confusión entre los turistas.
Pese a que solo tres miembros del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu se hizo presente en el lugar para realizar un plantón pacífico exigiendo la devolución del hotel al Estado, la presencia policial fue notable, lo cual los obligó a tener que ubicarse en áreas menos visibles a fin de que los turistas no vean afectada su experiencia.
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Concesión del Sanctuary Lodge llega a su fin: lo que sabe sobre la situación del lujoso hotel
El conflicto se origina a raíz de una medida cautelar otorgada por un juzgado civil de Lima, que impide al Gobierno Regional de Cusco recuperar el bien público hasta que se resuelva el arbitraje que Belmond interpuso ante la Cámara de Comercio de Lima.
La cadena hotelera, que tiene vínculos con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, busca extender la administración del hotel por 64 meses, argumentando pérdidas económicas debido a la pandemia de COVID-19 y protestas sociales.
La situación en Machu Picchu ha reabierto el debate sobre el papel del Estado en la fiscalización de concesiones, especialmente en lugares de alto valor turístico como lo es nuestro Santuario Histórico.
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Confusión por el despliegue policial en el Sanctuary Lodge
La movilización de la policía se debió a solicitudes de la empresa Belmond, que, ante la posibilidad de protestas por el fin de su concesión, envió cartas al Ministerio Público y a las municipalidades de Urubamba y Machu Picchu solicitando resguardo. Este despliegue se considera una medida preventiva, aunque la reacción de los ciudadanos fue pacífica y sin altercados.
Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa y exalcalde de Machu Picchu, criticó el despliegue policial, considerándolo innecesario y costoso. “Este es un pueblo pacífico. Solo hemos venido con pancartas a expresar nuestro rechazo. No somos delincuentes, somos ciudadanos que defendemos nuestros derechos”, afirmó.
Además, Baca reveló que actualmente hay 84 vecinos denunciados penalmente por participar en movilizaciones contra la privatización de la venta de boletos a través de la plataforma Joinnus.
El exalcalde también cuestionó la falta de acción del gobernador regional, Werner Salcedo, señalando que solo ha creado expectativas falsas. “No hay un trabajo serio por parte de la Procuraduría Regional. La medida cautelar y el arbitraje actúan a favor de la empresa privada”, sostuvo Baca, reflejando el descontento de la comunidad ante la situación actual.
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