El último auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez puede ser abordado desde varios puntos de vista, pero el principal de todos ellos es la confirmación de que la esposa del presidente del Gobierno, su asistenta Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés deben seguir siendo investigados por el juez Peinado. Es cierto que la Audiencia madrileña enmienda la plana al instructor en varios aspectos, como las imputaciones del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes; y le reitera que el asunto de Air Europa está fuera de su ámbito, aunque si hallara indicios de delito deberá remitirlos a reparto en plaza de Castilla. La cuestión de fondo de esta instrucción siempre ha sido la implicación de Gómez, que la Audiencia Provincial describe crudamente «para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias» a cambio de proyectar su carrera profesional y aprovechándose de su condición conyugal. Ya no sólo es el juez Peinado quien encuentra indicios delictivos en la esposa de Sánchez. Lo demás es pobre consuelo para los heraldos de Moncloa.
