¿De qué hablamos con la reducción de los funcionarios públicos?
En el foro presidencial de la Cámara Chilena de la Construcción emergieron, una vez más, las diferencias de fondo sobre el rol del Estado en la sociedad. Pero no directamente, sino a través de la discusión sobre los funcionarios públicos, planteada por algunos candidatos. Para que ésta contribuya realmente con propuestas, merece ser encauzada y delimitada con precisión: no se puede confundir el debate sobre dotación pública con una agenda encubierta de reducción estatal. Porque revisar casos de ineficiencia o contratación ilegítima no solo es deseable, sino que nadie podría oponerse, pero utilizar esas situaciones minoritarias como excusa para desmantelar capacidades públicas esenciales es otra cosa muy distinta, que sería preferible discutir abiertamente y sin coartadas.
Tomemos el caso de la propuesta de Evelyn Matthei: reducir el gasto público en 6 mil millones de dólares. Suena contundente, pero su implementación permanece en la bruma. Públicamente, no hay aún detalles, no hay cifras específicas, no hay una ruta clara. ¿Se afectarán programas sociales? ¿Educación? ¿Salud? ¿Fiscalización ambiental? En un Estado con tantas funciones críticas, la falta de precisión no es una anécdota: es un riesgo. Porque cualquier recorte sin diagnóstico no sólo podría comprometer derechos, sino que debilita el andamiaje institucional que sostiene la vida cotidiana de millones de habitantes de nuestro país.
Más aún: los desafíos que ha enfrentado Chile en los últimos años –pandemia, incendios, delincuencia, reconstrucción post desastres– han confirmado una verdad elemental, que a veces se olvida por razones ideológicas: los países no enfrentan crisis con mercados, las enfrentan con Estados. Y si ese Estado no está preparado, la respuesta es más lenta, más injusta y menos eficaz, lo cual incluso puede costar la vida de personas. Por eso, incluso gobiernos que han promovido modelos subsidiarios, como los de Sebastián Piñera, han debido apoyarse con fuerza en la capacidad estatal cuando la realidad los puso de cara frente a las crisis.
Lo que está en juego, entonces, no es solo la cantidad de funcionarios o el tamaño del gasto, todo lo cual, insistimos, puede y debe ser discutido en su propio mérito. Pero el trasfondo es el tipo de sociedad que queremos construir. Una discusión madura y honesta sobre el sector público debe partir por reconocer que el Estado no es una carga: es la herramienta que tenemos para garantizar derechos, sostener el bien común y protegernos cuando todo lo demás falla. Cuidarlo, reformarlo cuando sea necesario, pero nunca debilitarlo con ligereza ni con consignas que no se fundamentan técnicamente. Porque cuando el Estado se retira, lo que avanza no es la libertad de algunos: es la desigualdad de las mayorías.