El Ayuntamiento de Granada está dispuesto a mover ficha y a destituir de su cargo al subinspector y jefe de estudios de la Policía Local, para quien se piden casi siete años de prisión por maltrato continuado hacia su mujer y sus dos hijas, si las autoridades judiciales se lo recomiendan. Así lo ha dejado entrever este jueves 15 de mayo la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo , quien ha reconocido que ha consultado con los juzgados de Violencia sobre la Mujer si ha de tomar «alguna acción necesaria», especialmente ahora que la investigación «avanza». En ese contexto, ha especificado, el ayuntamiento «tiene que seguir ofreciendo su »colaboración con la justicia, como le corresponde«. Ese avance al que ha apuntado Carazo es la nueva acción judicial contra el subinspector, adoptada ayer. Tras una comparecencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada, motivada por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento sobre su mujer, que sería al menos el cuarto que se detecta, se ha acordado investigar si el mando policial se liberó del brazalete electrónico que le pusieron para detectar si se acercaba a ella demasiado. Él aseguró que no lo manipuló y que se produjeron «fallos de conexión». La regidora de Granada ha insistido en que su nombramiento como jefe de estudios de la Policía Local no fue en ningún caso «un ascenso ni un privilegio», sino que el policía pidió un traslado alegando motivos personales y se le concedió « al único puesto disponible en su categoría de subinspector«. «Hemos cumplido todo aquello que nos ha solicitado la autoridad judicial y hoy, a la vista de lo que ha ocurrido esta semana, hemos vuelto a escribir al juzgado solicitándole información por si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación«, ha indicado Carazo en un acto público con periodistas. El subinspector regresa el próximo lunes al juzgado para someterse a un juicio rápido y su situación se le puede complicar si se demuestra que manipuló el brazalete telemático, una investigación que la mencionada instancia judicial ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras. Cometa deberá realizar un informe técnico que aclare los motivos de las desconexiones. Además de todo lo anterior, Víctor G.B. también está envuelto en otro asunto ya judicializado: tres agentes de la Policía Local están siendo investigados por haber entrado hasta en 70 ocasiones el sistema Viogen de protección a las víctimas de malos tratos. Se les achaca que, motu proprio o por orden de su jefe, espiaron el expediente para ver si el juzgado había tomado alguna medida contra él.
