Caso Convenios y acusación del FA de “espionaje político” se toman la carrera a La Moneda
Sigue la polémica entorno a la declaración que emitió el Frente Amplio el pasado 10 de mayo en la que acusó a la Fiscalía de llevar adelante una estrategia de “espionaje político” en contra de la colectividad, apropósito de las últimas filtraciones del caso ProCultura y un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gabriel Boric.
En la cuestionada declaración, el FA rechazó de manera categórica cualquier intento de vincular al bloque político con la Fundación ProCultura, en el marco de las investigaciones judiciales en curso. Además, criticó duramente las acciones del fiscal Patricio Cooper, acusándolo de replicar “una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente“, basada en filtraciones parciales a la prensa para generar daño político.
Finalmente, la colectividad cuestionó la magnitud de las interceptaciones telefónicas realizadas y aseguraron que estas acciones “no responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parecen una estrategia de espionaje con fines políticos“.
La denuncia del partido del Presidente Boric ha sido fuertemente criticada por diversos sectores políticos, incluidos los partidos del Socialismo Democrático.
Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Dragomir Yankovic/Aton Chile
¿Qué opinan los candidatos a La Moneda sobre la denuncia del FA?
A pesar de que han pasado cuatro días desde la declaración, la polémica está lejos de terminar. Este jueves, en el marco de la Semana de la Construcción 2025 organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, los candidatos presidenciales abordaron la acusación del Frente Amplio y las distintas aristas del caso Convenios.
Gonzalo Winter, presidenciable del FA, enfatizó que “hay personas que ilegalmente están filtrando cosas para hacer política. Yo de eso no tengo ninguna duda“.
En esa línea, Winter cuestionó las filtraciones y la manera en que se hace: “Cuando una persona decide filtrar una pregunta de un fiscal, pero omitir la respuesta, eso es para hacer política. Cuando una persona introduce en la carpeta investigativa conversaciones que no tienen nada que ver con lo que se está investigando, eso es una acción política ilegal, delictual”.
Candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Javier Salvo/Aton Chile.
“Evidentemente que hay gente haciendo política a través de las filtraciones que son ilegales. Lo que yo no voy a decir es calificar este hecho concreto porque el filtrador lo que hace es entregarnos la opinión, la información parcelada. Por lo tanto, no tengo en este momento las herramientas para determinar y calificarlo”, puntualizó.
A su vez, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ironizó la denuncia del Frente Amplio: “Espionaje político, por favor, un poquito de seriedad hacia nuestro país“.
En esa línea, la exalcaldesa de Providencia detalló que su comando entregó una “completa agenda anticorrupción porque en vez de estar comentando el último caso de corrupción yo creo que lo que los chilenos quieren es que el dinero se gaste en aquello que se necesita y no en personas corruptas”.
La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Por su parte, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, pidió que toda preocupación o hipótesis sobre el caso Convenios “debiera radicarse en los tribunales, ser investigada y ahí considerar si tiene fundamento o no”.
Asimismo, cuestionó que actores políticos traten de “darle un marco, una explicación o llevar agua para su molino respecto a este caso. Creo que no aporta. Nosotros, los actores políticos, debiéramos remitirnos a decir que todo se investigue, que la ley se aplique, a quien le caiga“.
La exministra del Interior aprovechó la instancia para criticar el aprovechamiento de la oposición ante las recientes filtraciones: “Lo que no hay que olvidar y sería bueno que cada cierto tiempo saliera el recuento de quiénes han sido los implicados en el caso Convenios, porque hay sectores que son los que más causas tienen en sus gobiernos regionales“.
La precandidata presidencial, Carolina Tohá (PPD). Foto: Aton.
La carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó la declaración del FA y los llamó a presentar acciones legales: “Si creen efectivamente que aquí hay un espionaje político, que hagan las denuncias y presenten las querellas que corresponden”.
De manera similar, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó a no ejercer presiones indebidas a quienes están a cargo de las investigaciones.
José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Dragomir Yankovic/Aton Chile
La abanderada del PC a La Moneda, Jeannette Jara, también se refirió a la denuncia hecha por el FA: “En primer lugar, algunos han tratado de construir una tesis sin fundamento que intenta apuntar directamente al Presidente de la República y yo en esto quiero ser clara, el Presidente es una persona honesta. Y lo segundo, es que como él mismo lo ha dicho, aquí, caiga quien caiga, esto se tiene que investigar”.
La extitular de Trabajo sostuvo que no se hace parte de “ninguna otra tesis más que la de Fiscalía haga bien su trabajo y se acabe con las filtraciones, porque si hay algo que es cierto, vienen de un solo lado, todavía no hemos sabido ni una palabra de la investigación que se lleva en contra de Andrés Chadwick“.
Candidata presidencial del PC, Jeannette Jara. Javier Torres/Aton Chile.
Loa supuestos fondos desviados para la campaña de Boric no eran recursos públicos
El Ministerio Público, a través del fiscal Patricio Cooper, solicitó autorización para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric bajo el argumento de que existía una “confesión” sobre el desvío de fondos públicos desde la Fundación ProCultura hacia su campaña presidencial en 2021. Sin embargo, una investigación de CIPER reveló que el dinero en cuestión no provenía de convenios con el Estado, como sostuvo la Fiscalía, sino que de aportes privados de empresas como Enel, Anglo American y Minera Candelaria.
El fiscal Cooper presentó como prueba una escucha telefónica en la que una mujer identificada como “Lucía” —posteriormente reconocida como Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros— afirmó que el director de ProCultura, Alberto Larraín, le habría dicho que los $41,9 millones que le adeudaban se usaron “en la campaña de Boric”.
No obstante, CIPER verificó que las facturas impagas correspondían a trabajos realizados entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la elección presidencial. Además, los proyectos vinculados a esas deudas fueron financiados con recursos privados, sin conexión con fondos estatales. Hasta ahora, la investigación no ha encontrado evidencia de que ese dinero haya llegado a la campaña de Boric.