Una decisión que genera preocupación e incertidumbre
Las medidas anunciadas el martes por el Gobierno generan una doble sensación en la industria electrónica de Tierra del Fuego. Por un lado, consideramos que la reducción de los impuestos internos va en la dirección correcta ya que apunta a la baja del famoso ‘costo argentino', que impacta directamente sobre el precio final de los productos. Pero por el otro, la baja de los aranceles encendió todas las alarmas.
La reducción (primero al 8% y a partir de 2026 al 0%) genera mucha preocupación en el sector porque amenaza la continuidad del empleo y la sustentabilidad industrial en la isla y cambia las reglas de juego bajo las cuales las empresas invirtieron, adquirieron maquinaria, tomaron decisiones y contrataron personal.
Cualquier modificación debe contemplar lo establecido por el régimen de promoción industrial implementado por la Ley 19.640, que sigue vigente, ha sido ratificado por el Congreso de La Nación y conlleva derechos adquiridos. El país requiere un marco estable que brinde certidumbre a inversores y facilite la planificación de mediano y largo plazo.
Todavía se recuerda la experiencia de cuando en 2017 se bajaron aranceles de notebooks con el objetivo de que bajen los precios. Eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que las notebooks dejaron de fabricarse en las plantas fueguinas, se perdieron los puestos de trabajo que estaban abocados a esa tarea y se perdió el conocimiento que se requería para fabricar ese tipo de producto. Es por eso que entendemos y compartimos la preocupación de los trabajadores de las plantas de la ciudad de Río Grande y Ushuaia.
Hoy en día, la industria electrónica es el principal empleador privado de la provincia y es el principal aportante al fisco provincial. El régimen de promoción industrial bajo el que opera esa industria tiene un objetivo que va más allá de lo económico: el de poblar, generar arraigo y actividad económica en la provincia más austral y más nueva del país, que tiene un interés geopolítico importantísimo y que es estratégica. Entonces, cualquier decisión que ponga en riesgo el empleo y la actividad pone también en riesgo la soberanía.
Finalmente, si bien las medidas anunciadas por el Gobierno apuntan a una baja del precio de venta de los productos, aventurar hoy de cuánto será esa baja y cuándo ocurrirá es prematuro. Para eso debemos conocer la redacción final de las medidas y medir su impacto real. Tenemos claro que el consumidor merece precios más bajos, pero no a costa del futuro industrial y del empleo argentino.