El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, estima que el nuevo Reglamento de Extranjería -que entrará en vigor el próximo martes- permitirá regularizar alrededor de 200.000 personas inmigrantes en la comunidad . Lo ha afirmado este miércoles en unas jornadas en Barcelona con la consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo. El delegado del Gobierno ha defendido la migración como «una necesidad» debido al progresivo envejecimiento de la población y ha reivindicado la llegada de extranjeros como « una oportunidad, un activo irrenunciable para la sostenibilidad del sistema económico y social». Asimismo, ha considerado imprescindible «comatir los discursos de odio y la desinformación» sobre estas personas. Además, Prieto ha señalado que en 2024 se resolvieron un total de 290.000 expedientes, sumando los iniciales (190.336) y los de renovaciones, y ha informado de que en lo que va de 2025 esta cifra se sitúa en 54.000 expedientes iniciales . En la misma línea, ha enfatizado que se han incrementado los recursos en las oficinas de Extranjería catalanas «entre un 30% y un 40%». Por su parte, la consejera ha subrayado que la reforma facilitará los trámites administrativos, reducirá la burocracia y abrirá nuevas vías de regularización , en lo que para ella es «un modelo más realista, más humano, más eficiente». En este sentido, ha hablado del «potencial impacto transformador en la vida de muchas personas por agilizar los procesos». «La evidencia científica y empírica demuestra que agilizar los procesos de regularización es enormemente beneficioso para la sociedad », ha explicado Martínez Bravo, que ha recordado que Cataluña ha sido tierra de acogida en diferentes oleadas migratorias. «Una de cada cinco personas en Cataluña tiene raíces migratorias internacionales y la población migrada es esencial para entender qué es hoy Cataluña y también para ser una fuente de mejora», ha añadido. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor el próximo martes y supondrá en tres años la regularización de en torno a un millón de personas , según cálculos conservadores. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cifró ese dato en 900.000 , pero solo tuvo en cuenta las que se concederán por los diferentes tipos de arraigo previstos en la nueva norma, que además se amplía y flexibiliza respecto a la situación actual al exigirse únicamente dos años en España, en lugar de los tres actuales.
