Contraloría alerta riesgo de racionamiento eléctrico por fallas en gestión y regulación del ICE y Aresep
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este lunes serias deficiencias en la gestión y regulación del servicio eléctrico por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Una auditoría reciente determinó que ambas entidades incumplen con el marco normativo y técnico aplicable, lo que podría propiciar riesgos de racionamiento eléctrico a nivel nacional y un aumento injustificado en las tarifas de electricidad para los usuarios.
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El informe DFOE SOS IAD 00002-2025 señala que las decisiones operativas del ICE, así como la fiscalización y fijación tarifaria de la Aresep, han generado consecuencias económicas relevantes para el sistema eléctrico.
Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:
- ¢12.000 millones: Costo aproximado incurrido por el ICE tras retirar dos unidades térmicas en Moín.
- $40 millones: Monto relacionado con el alquiler de plantas térmicas, gasto que se habría evitado si no se hubieran retirado las unidades mencionadas.
- $149.000: Valor estimado de la energía eléctrica no servida (166 MWh) reportada el 9 de mayo de 2024.
- ¢58.000 millones: pago en exceso realizado por los usuarios en 2023 y 2024 debido a retrasos de Aresep en reconocer las liquidaciones tarifarias.
- ¢128.000 millones: Costo acumulado por la compra de combustibles para generación térmica e importaciones de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), que impactará las tarifas de 2025.
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Estos hallazgos, dice el ente regulador, evidencian una falta de planificación técnica adecuada y de vigilancia tarifaria oportuna. Según la CGR, estas omisiones impidieron una rebaja significativa en las tarifas eléctricas para este año.
Como resultado, la Contraloría ha iniciado una investigación formal y ordenó acciones correctivas. Al ICE, le exige fundamentar sus decisiones operativas en criterios técnicos sólidos.
A la Aresep, le ordenó analizar los efectos de las metodologías tarifarias para justificar eventuales modificaciones.
Del mismo modo, fiscalizar de manera más rigurosa la situación financiera del ICE y garantizar la elaboración de al menos un estudio tarifario anual para los operadores del servicio eléctrico.
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