El pasado sábado hubo manifestación en la plaza de Colón de Madrid, para pedir que Sánchez convoque elecciones. Un acierto que fuese promovida por unas 120 plataformas civiles, que son muchas y variadas. Es este un argumento que quita fuerza al rifirrafe con que nos obsequian todos los días los partidos políticos, que entiendo puedan mirar con recelo que la sociedad española se organice en modo ajeno a ellos. Pero, ay, dolor, por mucho que se compare el número de asistentes con los pocos que fueron a Callao el domingo, hemos de convenir que la respuesta no fue la que cabría esperar por parte de una población mayoritaria que anhela precisamente la convocatoria urgente de elecciones, vista la situación del país. ¿Qué había que hacer el sábado para no llegarse un rato a Colón? ¿Estaba lloviendo?, ¿nos atacó la pereza?, ¿no fuimos porque ya irían otros? He leído que Sánchez espera estar hasta 2031. Desde luego, de no mediar una reacción clara y sistemática de la sociedad civil, las posibilidades de que así sea son elevadas. Porque mientras la sociedad española que quiere el cambio siga presenciando cómo cada desastre se desvanece y olvida con el siguiente desastre, cubierto por el cotidiano «y tú más», sin molestarse siquiera en ir a una manifestación, será tan culpable por omisión del estado de cosas al que se llegue como los líderes políticos a los que constantemente se señala por su presunta incapacidad para acabar con el escenario que disfrutamos. Jacinto Romero Peña . Madrid Soy ingeniero de Caminos, y cuando estudiábamos las presas el titular de la cátedra nos recalcaba que su finalidad –sobre la energía, el riego, etcétera– era la atenuación de las crecidas ante catástrofes meteorólogicas. Ante la tragedia de la riada de Valencia se ha instalado un relato simplista, donde toda la culpa recae en la Generalitat por no haber actuado. Sin embargo, conviene recordar que el proyecto hidráulico de la presa de Cheste del barranco del Poyo –clave para evitar la inundación– era competencia del Gobierno central. Desde 2011 contaba con una declaración ambiental favorable y estaba en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno actual, ejecutarlo. Culpar solo a la administración autonómica nos impide ver el bosque de una responsabilidad más amplia, donde las decisiones (y omisiones) del Estado también cuentan. Necesitamos menos relato y más memoria institucional. Estamos comprando el relato de un Mazón incompetente, que también, en vez de poner todos nuestros esfuerzos en que finamente se realice esa presa y en establecer las responsabilidades de todos, entre ellos la juez de Catarroja. Lo suyo sería Sánchez y Mazon dimisión, en ese orden. Roberto Viñes Cier . Blanes (Gerona)
