Aumentan los crímenes contra madres buscadoras en México: 19 víctimas en seis años
La tragedia que envuelve a las madres buscadoras en México expone una dolorosa verdad: el país no solo arrastra una crisis de desapariciones, también silencia a quienes luchan por encontrar a sus seres queridos. En los últimos seis años, al menos 19 mujeres que integraban colectivos de búsqueda fueron asesinadas en distintos estados del país. Se trata de madres, hermanas y esposas que, ante la indiferencia de las autoridades, tomaron en sus manos la tarea de rastrear pistas, levantar fosas clandestinas y denunciar redes criminales.
La más reciente víctima, Teresa González Murillo, fue asesinada en abril de 2025 en Guadalajara, Jalisco. Su crimen no representa un hecho aislado. Formaba parte de un colectivo de búsqueda y había recibido amenazas antes de su ejecución. La Fiscalía local indicó que se trató de un robo, pero su grupo y familiares señalan que la causa real fue su labor de denuncia. Como ella, decenas han muerto sin justicia, mientras sus casos se diluyen en el mar de impunidad que cubre al país.
Impunidad y abandono institucional: el caldo de cultivo
La impunidad marca el destino de las madres buscadoras. Según datos oficiales y de organizaciones civiles, México suma más de 125,000 personas desaparecidas, una cifra alarmante que crece sin freno. Ante la ausencia de investigaciones eficaces por parte del Estado, las familias de víctimas han construido redes de solidaridad que intentan reemplazar al sistema judicial. Sin embargo, la falta de protección y apoyo institucional ha convertido a estas mujeres en objetivos vulnerables.
Entre 2020 y 2024, se contabilizaron 1,383 ataques contra defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional, según datos proporcionados por organizaciones civiles. Esta cifra incluye amenazas, hostigamientos y asesinatos. Los casos no avanzan en el sistema de justicia. No existen detenidos. Las carpetas se estancan o cierran sin resultados. En este contexto, las madres buscadoras no solo enfrentan la tragedia de un hijo ausente, también deben sobrevivir en un entorno donde su vida corre peligro por alzar la voz.
Las madres buscadoras: investigadoras por necesidad
Ante la omisión estatal, estas mujeres han aprendido técnicas forenses, han recorrido brechas abandonadas y han exhumado restos humanos con sus propias manos. Lo hacen con valentía y esperanza. Pero su lucha se convierte en una amenaza para quienes se benefician del silencio. Grupos del crimen organizado, funcionarios coludidos y actores políticos ven en ellas una amenaza directa. Por eso, eliminarlas se ha convertido en un método para proteger sus intereses.
Los colectivos como Madres Buscadoras de Sonora o Buscando Corazones Perdidos en Veracruz se han convertido en referentes de esta lucha. Sin embargo, sus integrantes viven con miedo constante. A pesar de los llamados de auxilio, las autoridades no implementan medidas de seguridad suficientes. La protección a testigos, la vigilancia a lideresas o el acompañamiento estatal casi no existen. Así, la labor de búsqueda se transforma en un acto de resistencia, pero también en una sentencia de muerte.
Una deuda histórica del Estado mexicano
El asesinato de madres buscadoras no solo refleja una crisis de seguridad, también evidencia el desprecio institucional hacia los derechos humanos. Mientras las cifras de desaparecidos aumentan y los feminicidios se mantienen en niveles críticos, el Estado permanece indiferente. Ninguna estrategia nacional atiende el riesgo que enfrentan estos colectivos. Tampoco se destinan recursos suficientes para esclarecer sus asesinatos.
Las voces que claman justicia se multiplican. Familias, activistas y organismos internacionales exigen respuestas. La deuda con estas mujeres trasciende lo judicial; es también una obligación moral. Cada madre asesinada deja una historia inconclusa, un hijo sin encontrar, una verdad que no se dijo. México debe elegir entre perpetuar la indiferencia o proteger a quienes, pese al horror, siguen buscando.