La universidad privada Emilia Pardo Bazán que el Centro de Estudios Universitarios de Galicia (Cesuga) planea crear en la ciudad de La Coruña cuenta con un «informe desfavorable» emitido por el Consejo General de Política Universitaria (CGPU). Si bien este dictamen no es vinculante, por lo que no impide directamente la creación de la universidad, el Gobierno elabora actualmente un nuevo decreto en el que este factor si sería condición indispensable, lo que podría echar por tierra una decena de universidades privadas en España. Tras recordar la emisión de este informe, el Ministerio de Educación considera que debe ser la Xunta la que ejerza su «potestad legislativa» al no quedar pendiente trámite alguno con el departamento dirigido por Pilar Alegría. De esta forma, responde a las declaraciones del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que solicitó al ministerio «aclarar» si el informe, que incluía recomendaciones a pesar de que cumplía con los requisitos legales, validaba explícitamente esta respuesta. Será pues, decisión del Parlamento gallego si la propuesta de Cesuga, que cuenta con el respaldo de compañías como Hijos de Rivera, Altira, Aluman o Incogna, sale o no adelante. En caso favorable, se convertiría en la segunda universidad privada de Galicia junto a la Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por Abanca y Afundación. A pesar de que Educación reconoce la viabilidad legal de la universidad privada Emilia Pardo Bazán en la ciudad herculina, desde el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades buscan endurecer los requisitos para limitar el despliegue de estos centros privadas. Así lo constató esta misma semana su titular, Diana Morant, que afeó el aumento de las universidades privadas frente a las públicas y reafirmó su «apuesta irrenunciable» de revertir la situación. Prueba de ello es el citado decreto que todavía se encuentra en elaboración, y que obligaría a los centros privados a contar con requisitos como un número mínimo de grados, másters y programas de doctorado, así como la aprobación de los informes técnicos del CGPU. Un hecho que podría vulnerar las competencias autonómicas, según advirtió el PP.
