Fiscalía apunta a que ProCultura financió irregularmente campaña presidencial
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric en la investigación del caso ProCultura, argumentando posibles vínculos entre el Mandatario y el financiamiento irregular de su campaña. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por falta de fundamentos.
La Fiscalía expuso que convenios de ProCultura con el Estado aumentaron significativamente en 2022 y 2023, y que su fundador, Alberto Larraín Salas, habría usado fondos públicos en la campaña de Boric.
Además, se mencionan transacciones entre la fundación y la ex pareja del Presidente, Irina Karamanos, quien declaró como imputada.
Cooper defendió la viabilidad de la interceptación telefónica basándose en jurisprudencia, señalando que “Boric habría intermediado en la defensa de otras imputadas”. Afirmó que “la medida es clave para determinar su posible implicación en delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias”.
Asimismo, el fiscal destacó que “una conversación entre otras imputadas refuerza la sospecha sobre el uso de fondos de ProCultura en la campaña presidencial”. En dicha conversación, se habría mencionado explícitamente que “parte del dinero fue destinado a gastos electorales”, lo que a su juicio justifica la necesidad de profundizar en la investigación.
El fallo judicial reiteró que la inviolabilidad de las comunicaciones es una garantía constitucional y que la interceptación solo procede si existen antecedentes suficientes. La negativa del tribunal a autorizar la medida refuerza la posición de que, hasta el momento, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente al Presidente con un delito.