Experto recomienda un mayor castigo para desincentivar la pensión anticipada en el Poder Judicial
El encargado del último informe actuarial sobre las pensiones del Poder Judicial recomendó imponer un mayor castigo a los funcionarios que opten por la pensión anticipada, con el objetivo de reducir el millonario déficit en este sistema de jubilaciones.
El actuario Christian Torres propuso penalizar con un 7% por año el anticipo. La edad de jubilación en este régimen es a los 65 años, pero se permite adelantar a los 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.
La penalización actual es de 1,54% por año para un hombre con edad de 62 años que anticipe tres años, para un total de 4,62%. Con la propuesta del experto, ese último porcentaje aumentaría a 21% por el periodo de tres años.
Este planteamiento cobra relevancia porque la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo se enfrentan por un proyecto de ley para bajar aún más la edad de pensión anticipada de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuales son beneficiarios de este régimen.
Rodrigo Chaves veta pensión anticipada para agentes del OIJ
La idea es que los policías judiciales puedan retirarse desde los 55 años, tanto hombres como mujeres, siempre que hayan laborado 30 años. Se les reconocería una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales.
Para el caso de que no se cumplan los 30 años de servicio, la jubilación se acordaría en proporción a los años laborados, siempre que el número de años laborados no sea inferior a los 20 años.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó el proyecto al considerar que es insostenible y violatorio del principio de igualdad.
Pensiones del Poder Judicial son insostenibles pese a la reforma del 2018
El más reciente informe sobre las pensiones judiciales confirmó un empeoramiento del déficit actuarial en este régimen, el cual carece de capacidad para pagar las jubilaciones a la totalidad de los futuros beneficiarios.
Otra de la propuesta del experto es que las pensiones superiores al 50% del monto máximo (¢4.622.000), es decir, ¢2.311.000 solo tengan un incremento anual equivalente al 25% de la inflación.