El Gobierno exhibe las flaquezas del Estado en pleno debate de la Defensa
El Gobierno sigue tratando de rellenar los vacíos de explicación en torno a las causas que generaron un apagón inédito en España hace una semana. Cuando Moncloa trataba de hilvanar un relato convincente que le permita ganar tiempo hasta que se vayan conociendo datos concluyentes sobre el siniestro, otro hecho traumático ha atravesado la gestión del Ejecutivo.
El robo de cable y el enredo de un tren de Iryo ha colapsado la red ferroviaria, con retrasos de horas, afectando a 30 trenes y unos 10.700 viajeros. La sensación de colapso es real y la imagen internacional se resiente. Más allá del terreno de las percepciones, en la práctica las vulnerabilidades del sistema han quedado al descubierto con relativa facilidad, mientras se alimentan teorías sin certezas ni datos «concluyentes», con el único objetivo de disparar en dirección contraria a la que apunta hacia el Gobierno. El apagón y el caos ferroviario tienen como nexo común una comunicación política gubernamental orientada a buscar un enemigo externo y esto se produce en pleno debate sobre la seguridad y la Defensa.
El presidente del Gobierno intervendrá mañana en el Congreso de los Diputados en una comparecencia que ya no será monográfica sobre el plan nacional de gasto militar, dotado de más de 10.400 millones de euros para alcanzar este año el 2% del PIB comprometido con la OTAN. En pleno esfuerzo de pedagogía por la necesidad de invertir en este tipo de partidas –que el Gobierno mantiene que no deben identificarse solo con armas, sino también con una autonomía estratégica o la necesidad de pertrecharnos con elementos de cara a la disuasión–, al orden del día se ha sumado un nuevo asunto, todo lo relativo al apagón.
Fuentes gubernamentales reconocen seguir sin detalles concretos. Una semana después, el Ejecutivo no tiene respuestas y dilata ya los tiempos para conseguirlas –«llevará días», dicen– con el objetivo de limitar el impacto de las indemnizaciones mil millonarias que habrá que asumir en caso de que las responsabilidades no obedezcan a las eléctricas, como apuntó el presidente, y sí apunten hacia Red Eléctrica.
Además, las fuentes consultadas siguen manteniendo viva la hipótesis del ciberataque. La eventualidad de un ataque externo se suma ahora a la del «sabotaje» que defendió desde primera hora el Gobierno para explicar el caos ferroviario. La capacidad para desestabilizar el sistema toma forma y los ciudadanos
sufren las consecuencias en un contexto en el que se demanda redoblar los esfuerzos y las inversiones para pertrecharnos de herramientas que reduzcan nuestras vulnerabilidades.
Mientras se sostiene que no se sabe qué ha ocurrido con el apagón, Sánchez reapareció ayer en Barcelona con el mensaje de que habrá que «reforzar el sistema» eléctrico. Partiendo de la salvaguarda de su «robustez» actual, el Gobierno asume que las infraestructuras deben mejorarse y, si hace una semana señalaba a las «operadoras privadas» como posibles responsables de la situación, ahora se sitúa en «el rigor y la prudencia» para analizar lo acaecido. El Ejecutivo «llegará hasta el final», anticipó el presidente, una declaración que se encuadra en el terreno del mero «voluntarismo», según reconocen fuentes de su entorno, porque no se está todavía en condiciones de ofrecer certeza alguna.
Tal como publicó este diario el sábado, desde Moncloa apuntan que la intervención del miércoles en sede parlamentaria no servirá para arrojar luz sobre las causas del siniestro eléctrico. El presidente se limitará a mantener un alegato en favor de las renovables, que, en opinión del Ejecutivo, proporcionan «más seguridad» y «mayor competitividad» en las industrias y los negocios, y además es «más barata» para los ciudadanos y «mitiga la gran amenaza de nuestro tiempo, que es la emergencia climática». «La transición energética es una de las principales palancas que explican el extraordinario momento en términos relativos que vive nuestra economía», señaló ayer Sánchez, que defiende que el modelo de la transición energética «imprescindible» que enarbola el Ejecutivo atiende «al interés general, no a ninguna agenda particular», como crítica velada al PP.