¿Por qué Pataz se convirtió en centro de la minería legal y el crimen organizado? La oscura historia que esconde este lugar ubicado en La Libertad
La reciente ejecución de trece trabajadores en un socavón evidencia la violencia y el caos generados por la lucha por el control del oro en la sierra de La Libertad. La minería ilegal ha creado una economía paralela, sostenida por redes armadas, corrupción y una alarmante impunidad. Este conflicto ha desbordado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia en la región.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los trabajadores son asesinados uno por uno, lo que deja claro el nivel de brutalidad del crimen. Las víctimas eran obreros contratados por la empresa R&R, un pequeño operador legal vinculado a la minera Poderosa, que ha soportado ataques sistemáticos por parte de grupos ilegales interesados en controlar las zonas de extracción.
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El ingreso del crimen organizado en Pataz
Los primeros indicios del ingreso del crimen organizado a la actividad minera en Pataz se registraron en 2019. Según informes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, los habitantes comenzaron a denunciar una actividad intensiva y descontrolada. “El problema se concentraba sobre todo en el distrito de Pataz y en el centro poblado de Vijus”, declaró Greco Quiroz, presidente de la comisión en ese momento.
Durante el confinamiento por la pandemia de 2020, los grupos ilegales aprovecharon el vacío de control para instalarse con mayor fuerza. El aumento del precio internacional del oro, junto con el acceso a maquinaria más sofisticada, disparó la rentabilidad de estas operaciones y aumentó la violencia en la región.
Violencia y ataques a la Compañía Minera Poderosa
La Compañía Minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, ha sido blanco recurrente de ataques. En diciembre de 2023, un grupo de delincuentes armados con fusiles y explosivos ingresó a uno de sus niveles subterráneos, asesinó a diez trabajadores y dejó más de treinta heridos. A pesar del estado de emergencia decretado en la provincia, la violencia no se detuvo.
Durante 2024 y lo que va de 2025, se han registrado múltiples sabotajes a torres de alta tensión que abastecen de energía a las instalaciones de Poderosa. El corte eléctrico se utiliza como táctica de distracción. Tras dejar la mina sin luz, los atacantes ingresan con armas largas y explotan las instalaciones.
El crecimiento de la minería ilegal en La Libertad
Pataz no siempre estuvo en el radar del país, pero el oro la puso en el centro del conflicto. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, en 2023, La Libertad concentra más del 30% de la producción aurífera nacional. Empresas como Poderosa, Horizonte y Retamas extraen legalmente el mineral desde hace décadas. Sin embargo, junto al crecimiento formal, la minería ilegal ha consolidado su propia estructura con equipos modernos, rutas propias y seguridad armada.
De acuerdo con Dante Vera Miller, gerente de la consultora A&V Analistas, más del 39% de la producción nacional de oro proviene de operaciones no formales. “En el Cinturón Minero del Norte, se producen más de dos millones de onzas de oro al margen del sistema legal”, precisa.
El mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)
Uno de los mecanismos que permitió la expansión de estas operaciones fue el mal uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un programa creado para regularizar a pequeños mineros artesanales. Muchos operadores ilegales se inscribieron como “informales” y aprovecharon la cobertura legal para mantener sus actividades. “Se observó que algunos grupos usaban el REINFO como fachada”, indicaron desde la comisión parlamentaria que investigó el tema.
Para junio de 2024, se reportó la existencia de más de 30 plantas de tratamiento de oro sin autorización en la zona, lo que evidencia la magnitud del problema.
Colapso institucional y redes criminales
Mientras los conflictos en Pataz alcanzan nuevos niveles de violencia, otros puntos del país también muestran signos de colapso institucional. En la frontera con Ecuador, organizaciones como “Los Tiguerones” y “Los Choneros” han sido identificadas como brazos armados de mineros ilegales. En Madre de Dios, la zona conocida como La Pampa mantiene una estructura similar, con redes de trata, extorsión y tráfico de insumos químicos.
Las autoridades reconocen la presencia de corrupción en algunas unidades policiales y oficinas locales que permiten el ingreso y la operación de estas bandas. En La Libertad, la estructura criminal parece haber echado raíces profundas, controla territorios, mantiene vínculos políticos locales y presenta un flujo constante de dinero sin fiscalización.