¿Puede un pantallazo del móvil convertirse en prueba válida ante un juez?, ¿qué condiciones deben cumplirse para que sea admitido en un juicio?, ¿de qué manera se debe articular la respuesta judicial para poder acceder a datos que se almacenan en servidores que se encuentran fuera de España y que pueden ser clave en un juicio? Con el objetivo de adaptar la Justicia a los nuevos retos tecnológicos y asegurar que dé una respuesta ágil para defender los derechos de los ciudadanos, un grupo de juristas alicantinos han creado un proyecto de investigación dirigido por la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández en Elche (UMH) Olga Fuentes. El objetivo es abordar los retos del sistema judicial en su adaptación a la era digital.
