El Defensor del Pueblo advirtió al Ayuntamiento de Alicante de que tenía que establecer correctamente su Zona de Bajas Emisiones, en vigor desde enero de este 2025. Entre las cuestiones que criticó el organismo, destaca la necesidad de fijar restricciones basadas en el distintivo ambiental de los vehículos (un identificador de su nivel de emisiones) y no con base en otros criterios, como la residencia del titular.
