Los funcionarios de prisiones muestran su preocupación por la escalada de las agresiones que sufren en los centros penitenciarios de nuestro país y el hecho de que cada vez más son de mayor gravedad.
Los trabajadores de las cárceles fueron víctimas de más de 1.000 agresiones a manos de internos en dos años, entre 2023 -un total de 508- y 2024 -504-.
La principal causa que señalan desde el principal sindicato del ramo, Acaip-UGT, es que siguen sin existir "mecanismos de protección eficaces" que posibiliten que estos incidentes dejen de aumentar. Se ven a ellos mismos como unos "trabajadores en una posición de indefensión".
Reclaman, por tanto, que se ponga en marcha cuanto antes un necesario un protocolo de prevención de agresiones "que refleje la realidad" que se vive hoy dentro de los recintos carcelarios. La desactualización se observa perfectamente, explican, en que las estadísticas citadas de agresiones no cuenta las amenazas, el acoso sexual o los intentos de agresión que hayan logrado ser repelidos por funcionarios. "Está maquillada", señalan.
Los ejemplos que desde la agrupación sindical ponen para evidenciar el incremento de la violencia en las cárceles son varios y recientes. Los últimos, ataques con objetos cortapunzantes, con lesiones múltiples y amenazas graves. También influye que las sanciones que se imponen a los presos autores -denuncian- no son "disuasorias".
A los funcionarios de prisiones este contexto de inseguridad en el que desempeñan su jornada laboral diaria les "repercute negativamente en su integridad física y psicológica". Y no solo a ellos: impide el adecuado funcionamiento de las prisiones.
Ante tales cifras de miles de agresiones, reclaman, para empezar, desde Acaip-UGT que se les conceda de una vez por todas la consideración de agentes de la autoridad. "No es solo una cuestión de derechos laborales, sino también una medida imprescindible para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y, por extensión, en toda la sociedad", reivindican.
La conflictividad en las prisiones se debe a muchos factores, pero el principal, aclaran, es la política "buenista" que vienen aplicando las autoridades políticas. Valoran la clasificación interior que se le da a cada recluso de "ineficiente" y que prima el "mal comportamiento". Este cóctel ha producido "internos inadaptados en un régimen de vida ordinario que distorsiona la convivencia y dificulta el trabajo de reinserción con el resto de la población reclusa".
El sindicato señala directamente a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, por "obviar" que existe un "porcentaje de presos especialmente conflictivos con los que hay que tener un tratamiento individualizado acorde a sus características".
A esto se suma el problema de la atención sanitaria. Los centros penitenciarios cuentan actualmente con unas plantillas médicas que apenas superan el 25%. Es decir, más del 70% de las plazas están vacantes, mientras que los problemas de salud mental no son extraños entre la población reclusa.
Aproximadamente el 30% de los encarcelados toma algún tipo de medicación psiquiátrica lo que hace imprescindible un control adecuado y constante, en la actualidad imposible con el déficit de plantilla que adolecen las cárceles españolas en su conjunto.
