Simpatizantes de la oposición venezolana salieron a las calles este jueves en respuesta al llamado de su líder, María Corina Machado, para protestar contra la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro prevista para este viernes.
La líder opositora apareció en las marchas de Caracas, lo que marca su regreso a las calles tras permanecer en la clandestinidad desde finales de agosto, en medio de la ola de detenciones de ciudadanos comunes y dirigentes opositores.
«Lo que hagan mañana sentencia el final del régimen», dijo Machado frente a una multitud de simpatizantes opositores congregados en el municipio Chacao de Caracas. «Estamos a partir de hoy en una nueva fase».
Machado está acusada de «traición a la patria» y podría ser detenida.
Un día antes de la investidura presidencial, el gobierno de Maduro respondió con un amplio operativo de seguridad que incluyó la instalación de puestos de control de cuerpos de seguridad para disuadir las concentraciones y manifestaciones a favor del chavismo en los mismos lugares convocados por la oposición.
La oposición reivindica el triunfo del candidato Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio con 70% de votos, tras haber publicado la mayoría de las actas de votación.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, afín al oficialismo, dio por ganador a Maduro sin publicar los resultados.
Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de la región cuestionaron la victoria de Maduro y algunos incluso reconocen a González como presidente.
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A pesar de ello, el gobierno ha señalado que Maduro asumirá un tercer mandato este viernes 10 de enero, en una ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, dominado por el chavismo.
En las ciudades de Maracaibo y Maracay las protestas de la oposición fueron dispersadas rápidamente por funcionarios policiales y militares, mientras que en el centro de Valencia se dispararon bombas lacrimógenas, reportó la agencia de noticias Reuters.
Los partidarios de la oposición también se reunieron en San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia.
Maduro cuenta con el respaldo del alto mando militar y los cuerpos de inteligencia policial y militar, mientras que González, que en septiembre abandonó el país por las amenazas de arresto y se instaló en España, emprendió una gira internacional, en la que varios gobiernos de la región y de Estados Unidos le expresaron su apoyo.
Tras el anuncio del triunfo de Maduro hace cinco meses, estallaron manifestaciones en las que fueron detenidas unas 2.000 personas, según el gobierno.
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El candidato opositor ha prometido regresar a Venezuela para asumir el mandato como presidente, apoyado por un grupo de expresidentes de otros países, aunque no ha explicado cómo pretende hacerlo.
«Yo debo asumir el rol de comandante en Jefe», dijo González Urrutia en un video en el cual instó a los militares a «romper» con la actual cúpula militar y ser «garantía de la soberanía y el respeto a la voluntad popular».
El fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtieron que de volver al país, González será arrestado.
Las autoridades venezolanas incluso ofrecieron una recompensa de US$100.000 por la captura del aspirante opositor.
En septiembre salió del país y se instaló en España y actualmente está en una gira que lo llevó a Argentina y el lunes a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Como parte de las presiones en su contra, el martes pasado González denunció el «secuestro» de su yerno, Rafael Tudares, junto con una serie de detenciones ocurridas en los últimos días, entre quienes destacan el activista de derechos humanos Carlos Correa y el dirigente político Enrique Márquez.
Las detenciones también ocurrieron en el interior del país. En el sureño estado Bolívar, fronterizo con Brasil, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo al menos cuatro opositores desde diciembre, incluido el concejal Jeremy Santamaría.
Por su parte, en el andino estado Trujillo, otras cinco personas fueron arrestadas el lunes 6 de enero, reportó la prensa local.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado estas detenciones.
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El gobierno de Maduro reformó la presencia policial y militar en los últimos días, particularmente notoria en Caracas, la capital del país.
La céntrica avenida Urdaneta, la cual conduce al Palacio presidencial de Miraflores, estuvo cortada al tráfico vehicular durante días, mientras que los alrededores del Palacio Federal Legislativo, donde tendrá lugar la posesión de Maduro, la seguridad también fue fortalecida.
Decenas de uniformados recorrieron en motos y patrullas las calles de la ciudad cada día y la vigilancia en instalaciones clave como el Metro de Caracas y las autopistas que conducen a la urbe también aumentaron, de acuerdo con la información recabada por BBC Mundo de fuentes en el terreno y que prefirieron no ser identificadas.
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Las medidas formaron parte del «despliegue por la seguridad» anunciado el 2 de diciembre por el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), el oficial, quien ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por violar derechos humanos, aseguró que 1.200 uniformados adicionales estaban en las calles.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ejército, figura entre los organismos señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
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