En un comunicado conjunto, gremios empresariales se dirigieron al régimen de Dina Boluarte para instarle a que reactive el diálogo con el sector privado toda vez que "requerimos crecer como mínimo 5% al año", una cifra necesaria para reducir los ratios de pobreza (29%) y generar empleo formal, señalaron. Este reclamo surge en un contexto donde la actividad económica cerraría el 2024 con un magro crecimiento del 3,2%, lejos de lo necesario, tras la recesión que significó una contracción del 0,6% en 2023.
"Esta meta es viable; más aún, en el actual entorno internacional con precios favorables de los minerales que exportamos", exhortó el cónclave de corporativos.
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A renglón seguido, enlistaron una serie de pedidos, entre ellos algunos discutibles, para que el Gobierno implemente e impulse. La primera demanda responde a reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado "para gozar de un ambiente de paz y tranquilidad para nuestras actividades productivas", y para que a los millones de turistas vean un país seguro y confiable. Otro pedido es eliminar las sobrerregulaciones que según indican, afecta a las micro y pequeñas empresas.
El tercer pedido es impulsar la denominada ley Chlimper 2.0 o nueva ley agraria, que propone reducir el impuesto a la renta (IR) de las agroexportadoras al 15%. Recordemos que esta solicitud contradice la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advierte que el costo fiscal de esta medida ascendería a S/1.850 millones anuales. Además, señala que estas exoneraciones tributarias no recaerían en la pequeña agricultura, sino principalmente en las grandes empresas.
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat, desde el 2012 al 2023, los ingresos de las agroindustrias y agroexportadoras no han parado de crecer. Entre dicho periodo, fue de 200% y un promedio anual de 11%. El exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, considera que se trata de una norma con nombre propio toda vez que solo 18 empresas concentran a la mitad de todo el empleo agroexportador.
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Finalmente, el último pedido del sector empresarial firmante es respetar las reglas de juego para la inversión privada, entre ellas, la seguridad jurídica indispensable para generar confianza en los inversionistas, así como solucionar la situación de Petroperú frente a las pérdidas registradas el año pasado.
"Instamos al Gobierno a trabajar juntos las medidas propuestas, las cuales están orientadas a generar bienestar para todos los peruanos, y a recuperar el liderazgo que en algún momento tuvimos en la región. Esperamos una respuesta acorde con la responsabilidad que le corresponde", concluyeron.
