El informe de auditoría encargado por el ministro Óscar Puente sobre esos contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia, que son objeto de investigación en el 'caso Koldo', ponía el foco en "la falta de control inicial" sobre esos lotes de mascarillas en el Ministerio
El 'caso Koldo' atrapa a Ábalos tras meses de huida
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destituido a su oficial mayor, Alejandro de las Alas-Pumariño, quien en 2020 era el responsable de esa área que se encargaba del control de las mascarillas adquiridas en pandemia que fueron almacenadas en la sede ministerial y que, además, era responsable tanto de la seguridad --controles de acceso-- como del registro de personas.
Se da la circunstancia de que el informe de auditoría encargado por el ministro Óscar Puente sobre esos contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia, que son objeto de investigación en el 'caso Koldo', ponía el foco en “la falta de control inicial” sobre esos lotes de mascarillas en el Ministerio.
Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press confirman que el cese de De las Alas-Pumariño se produjo el pasado 12 de diciembre, si bien niegan conocer los motivos del mismo y dudan que tenga relación con esa posible falta de control sobre el material adquirido.
No obstante, el informe de auditoría, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, era tajante al remarcar esa falta de control y ponía como ejemplo el papel desempeñado por Koldo García, entonces asesor del exministro José Luis Ábalos, que daba, según recogía el documento, “instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas (instrucciones que en todo caso están reservadas al órgano de contratación)”.
“De hecho, llevó mascarillas (25.000) al Ministerio, que custodió y posteriormente retiró, sin que quedara constancia alguna más allá del conocimiento oficioso por parte de la Oficialía Mayor y del entonces director general de Organización e Inspección (DGOI)”, recordaba el informe de auditoria que destacaba que en estos momentos “se mantienen en los almacenes del Ministerio 238.840 mascarillas, y en un almacén existente en Azuqueca de Henares unas 206.000 mascarillas que, en términos económicos, suponen 1.128.559 euros”.
Ese informe detallaba que De las Alas-Pumariño, al ser entrevistado por las auditoras, indicó que, del primer vuelo que aterrizó con material en la madrugada del 28 de marzo de 2020, el Ministerio recibió un lote de 10.000 mascarillas, de las que, si bien no hay acta de recepción, sí hay datos de su posterior distribución dentro del departamento.
Tanto él como el DGOI y el jefe de Servicio de Régimen Interior coincidieron en indicar además que se llevaron al Ministerio dos palés con unas 25.000 mascarillas, de lo que tampoco hay acta de recepción. “Este lote, indican todos los entrevistados, fue custodiado por el entonces asesor del ministro --Koldo García-- y por el subteniente de la Guardia Civil bajo llave en un almacén del Ministerio, y retirado por ellos en un momento posterior, sin que tampoco conste documentación de la retirada, aunque sí conocimiento oficioso por los entrevistados”.
Ese subteniente al que se refiere el informe es José Luis Rodríguez, quien también figura como investigado en el 'caso Koldo' y que estuvo destinado hasta su jubilación en el Ministerio de Transportes. El oficial mayor y el DGOI dijeron a las auditoras que la llave del material estaba en poder del guardia civil y de Koldo García, “y que era como si lo hiciera el ministro”.
El informe de Transportes también recomendaba, en cuanto al registro y control de entradas en la sede ministerial, dotar de protocolos de funcionamiento “en aras a conseguir el mayor nivel de objetividad y transparencia en cualquier actuación de acceso a las sedes del Departamento y de control de sus instalaciones”.
Entendía que de esa manera se protege “la actuación de los empleados y autoridades públicas, que ante una eventual presión para actuar sin el debido rigor (léase en el control de entradas y salidas, especialmente de personas ajenas a la organización, y en el control de las entradas y salidas de material de cualquier almacén o instalación de dichas sedes), no sólo contarán con unas normas claras y pormenorizadas sobre los pasos a seguir ineludiblemente, sino también con un documento que hacer valer ante quien realice la eventual presión para actuar de otra forma o sin el rigor debido”.
En las preguntas parlamentarias registradas por el exministro Ábalos sobre ese informe se ponía el foco en que el Ministerio centraba las deficiencias en el control de accesos y registro de personas ajenas en el caso del presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, pero no mencionaba las visitas no registradas de empresarios que introducía “de manera reiterada en 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido en la Operación Delorme”. Recordaba, asimismo, que esos hechos fueron denunciados por el equipo de seguridad en 2022.
Por otro lado, Ábalos ponía el foco en que la responsabilidad sobre ese control y registro de accesos dependía de la Oficialía Mayor.
En concreto, en su pregunta parlamentaria del pasado 23 de septiembre de 2024, Ábalos llamaba la atención sobre el hecho de que Puente no hubiera depurado responsabilidades “en quienes son responsables directos de que no se cumplieran los protocolos para un efectivo control de la recepción y despacho de las mascarillas”, algo que tildaba de grave quebranto de la cadena de custodia“.
Lamentaba además el exministro que el informe no concretara quienes eran los responsables de los órganos administrativos y que solo orientara “a trasladar y depurar una única responsabilidad sobre la compra y distribución de mascarillas en la máxima autoridad del Ministerio de Transportes en 2020”.
Otras fuentes consultadas por esta agencia de noticias resaltan que, con este cese, se avala lo que ha sostenido Ábalos sobre la falta de depuración de responsabilidades en el seno del Ministerio por las irregularidades que recogía el informe de auditoría.
Detallan, además, que el responsable del control de las mascarillas era el oficial mayor, y que sin embargo delegó esa competencia en el subteniente de la Guardia Civil investigado. Suman a esto que hubo una falta de control en los accesos a la sede del Ministerio y que no se hicieron los albaranes del material sanitario.
Cabe recordar que, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), es labor de la Oficialía Mayor “la gestión del régimen interior, incluida la gestión de la seguridad, y de los servicios generales de los órganos centrales y periféricos del Departamento, que no estén atribuidos a otros órganos del Ministerio”.
También le compete “la dirección y organización del registro general, de los servicios de documentación y archivo, así como la gestión de la biblioteca general del Ministerio y la gestión y desarrollo de los servicios de documentación en materia de transportes”, “la programación y gestión de la política de adquisiciones de los recursos materiales del Departamento” y la “programación y gestión de la política patrimonial del Departamento, incluyendo las obras de construcción y conservación de los edificios e instalaciones cuya competencia no esté asignada a otros centros directivos”.
