SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, desmintió hoy los rumores sobre un supuesto desalojo en comunidades mineras de la provincia Sánchez Ramírez, al aclarar que lo sucedido fue un procedimiento relacionado con el acceso para realizar estudios geológicos previos a las obras de reasentamiento.
En una intervención durante el programa El Gobierno de la Mañana, en la Z-101, el ministro explicó que lo ocurrido fue un requerimiento de la empresa Barrick Pueblo Viejo para abrir el acceso necesario para la movilización de equipos.
“Lo que sucedió ayer fue que hubo una solicitud para permitir el libre tránsito y que se pudieran realizar los estudios pertinentes para las futuras obras”, afirmó Santos.
El titular del Ministerio de Energía y Minas detalló que, hasta la fecha, se ha alcanzado un acuerdo con 656 familias que serán reasentadas durante este proceso, el cual está en curso.
Santos resaltó la importancia que reviste para el Gobierno el bienestar de las familias residentes en las zonas mineras.
En ese sentido, subrayó que a pesar de los esfuerzos, algunas personas han bloqueado los terrenos donde se realizarían los estudios geológicos.
«Es una situación lamentable que hemos tratado de resolver y esta es una oportunidad para retomar el diálogo con las comunidades interesadas, quienes están evaluando los beneficios que puede traer este proceso de reasentamiento», expresó Santos.
El ministro Santos también resaltó que los retrasos en ese proceso afectan negativamente al país, ya que impiden la expansión de las operaciones de Barrick Pueblo Viejo, una inversión que, según explicó, podría generar mayores ingresos para la nación debido al incremento en el precio internacional del oro.
Es por ello que, para resolver las diferencias, el Ministerio de Energía y Minas ha solicitado la intervención de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, con el fin de contar con la asesoría de expertos en productos de ciclos cortos y en la zona en cuestión.
El funcionario hizo hincapié en que, de los 80 productos de ciclos cortos en disputa, 71 ya han sido acordados, mientras que las principales discrepancias se centran en nueve productos.
Reiteró un llamado al diálogo, al señalar que se buscará la mediación del Defensor del Pueblo para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.
Santos concluyó que la minería responsable y sostenible es esencial para la estabilidad económica del país, destacando el papel de ese sector durante la pandemia, cuando la industria minera contribuyó significativamente a las exportaciones y a la generación de ingresos fiscales, a pesar de la paralización de otros sectores.
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