"Supondría la práctica desaparición de la Guardia Civil de Cataluña y un mal precedente para el resto de comunidades". Este aviso, realizado por la asociación JUCIL, es una declaración de intenciones sobre el descontento que existe en el Instituto Armado por la pérdida de competencias en Cataluña. La plataforma ha advertido que acudirá a los tribunales en caso de formalizarse esta situación y recuerdan que, en Navarra, el Tribunal Supremo declaró ilegal la cesión de las competencias sobre tráfico a la Comunidad Foral, estimando el recurso presentado en su momento por ellos mismos.
Los representantes de JUCIL han mantenido este jueves una reunión con el general jefe de la zona de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro. El objetivo estaba claro: exigir la defensa de las competencias de la Guardia Civil en materia de aeropuertos, puertos y medio ambiente. Este encuentro se ha producido ante la cercanía de la próxima convocatoria de la Junta de Seguridad en la que previsiblemente se abordará esta cesión a los Mossos d'Esquadra y a la que está prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la última Junta, celebrada el pasado día 5 de diciembre, ya se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), condenando a esta especialidad de la Guardia Civil al "desmantelamiento de unidades". "Hemos transmitido al general nuestro rotundo rechazo a esta pérdida de competencias, que supondría la práctica desaparición de la Guardia Civil de Cataluña y un mal precedente para el resto de comunidades", asegura Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
"Creemos que los Mossos no tienen capacidad policial para asumir estas competencias", ha remarcado el representante de la asociación. En consecuencia, JUCIL, que reúne a más de 15.000 profesionales del cuerpo, ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier cesión a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana dentro del perímetro interior de este tipo de activos estratégicos para el Estado cuya competencia recae en la Guardia Civil. "El actual modelo policial se debe de revisar en profundidad, siendo conscientes de que los cuerpos policiales autonómicos no generan más seguridad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; prueba de ello es que Cataluña es la segunda comunidad con el índice de delincuencia más alto, según datos del Ministerio del Interior", añade.
A pesar de las reiteradas solicitudes de información previas, tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat han mantenido una "gran opacidad" sobre este asunto, lo que ha generado "mucha inquietud en el seno de la institución y de los agentes afectados". Actualmente hay desplegados en Cataluña 3.600 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar otros 1.200 si se cubriesen las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo.
Por ello, JUCIL exige al Gobierno de España "transparencia y rigor en la toma de decisiones que afectan directamente a la Guardia Civil, una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos". Asimismo, recuerdan que el Tribunal Supremo ya declaró ilegal la cesión de las competencias de tráfico en Navarra a la Comunidad Foral, tras estimar el recurso presentado por la asociación en su momento. Este precedente "refuerza la convicción de que serán los tribunales los que frenen esta posible decisión que afecta gravemente" al funcionamiento de la Guardia Civil en Cataluña y el resto del Estado.
