Los jueces de Luxemburgo consideran que las comunicaciones comerciales deben usar "fórmulas de cortesía genéricas, inclusivas y sin correlación con una presunción de identidad de género de los clientes"
Nueve de cada diez personas trans ocultan su identidad de género en al menos un ámbito de su vida
La justicia europea considera que las compañías se exceden al solicitar datos sobre la identidad de género de los clientes en los contratos de compraventa como los billetes de tren. Así se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a raíz de un recurso presentado por una asociación en contra de la práctica de la empresa francesa de transportes SNCF al obligar a los clientes a indicar el “término de cortesía” señor o señora para las comunicaciones. Los jueces de Luxemburgo no ven “objetivamente indispensable” la recogida de ese tipo de datos para la ejecución de la compra.
El TJUE señala que los datos que recopilan las empresas deben ser “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”. “Para que un tratamiento de datos personales pueda considerarse necesario para la ejecución de un contrato, tal tratamiento debe ser objetivamente indispensable para permitir la correcta ejecución de ese contrato”, establecen los jueces, que consideran que la personalización de una comunicación comercial basada en la identidad de género “no parece objetivamente indispensable” para la compra de billetes de tren.
“La empresa ferroviaria podría optar por una comunicación basada en fórmulas de cortesía genéricas, inclusivas y sin correlación con una presunción de identidad de género de los clientes, lo que sería una solución viable y menos intrusiva”, sentencian los jueces.
La resolución del TJUE responde a la pregunta formulada por el Consejo de Estado de Francia a raíz del recurso presentado por la asociación de defensa de los derechos LGTBIQ+ Mousse, que consideraba que la obligatoriedad de que los clientes den información sobre su identidad de género contraviene el Reglamento de Protección de Datos. Inicialmente, la autoridad de protección de datos francesa desestimó la queja, pero los jueces europeos le dan ahora la razón.
