En el transcurso de la semana pasada la prensa se deleitó informando, con distintos énfasis, que la decisión del Gobierno en orden a comprar, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, en $ 933.000.000 la casa en la calle Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, en donde vivía el presidente Salvador Allende, no se podía realizar porque el precio de mercado asignado por los tasadores era sumamente alto. Los más intransigentes en esta operación mercantil eran los dirigentes de la UDI, entendiéndose que su oposición se debía a razones puramente políticas.
El propósito de La Moneda era transformarla en un museo patrimonial y si el inconveniente era el subido precio, este columnista expresó en su cuenta de X y a una periodista de la radio Bio Bío, que lo entrevistó por un conflicto entre el CDE y Copec, que lo más sano y prudente era que la transferencia se hiciera por el avalúo fiscal de $ 512.832.711 determinado por el SII.
Después se supo que la operación comercial para que el Estado adquiriera el inmueble, por pertenecerle a Maya Fernández, nieta de Allende, siendo ella ministra de Defensa, por imperio de la Constitución de la República, era impropia debido al cargo público que la propietaria desempeñaba. El Gobierno, con justa razón, también había decidido comprar la casa, en rigor son 2, donde vivía el presidente Patricio Aylwin en una suma aproximada de $ 1.300.000.000, operación que no mereció críticas de nadie.
Debido a que los hijos y nietos de ambos mandatarios tienen muy buenas situaciones económicas, se hubiera esperado que las dos familias voluntariamente les hayan expresado al Presidente Gabriel Boric que los inmuebles se entregaban en calidad de donación al Estado para así preservar la memoria histórica de sus ascendientes. Pero ese admirable comportamiento democrático, hasta el momento, no ha sucedido.
Pues bien, Boric, ante la imposibilidad de que se realice la adquisición con fondos públicos de la casa de Allende, ha expresado por la prensa que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado” agregando que “en Chile las instituciones funcionan”.
El artículo 37 bis de la Constitución dice que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Lo anterior es de toda lógica pues sería de pésimo gusto que estas altas autoridades del país, de confianza absoluta del Presidente, obtengan beneficios económicos, mientras ejercen sus cargos, con la caja fiscal administrada por el gobierno.
Pero ¡oh sorpresa!, el lunes 06/01/2025 el departamento de prensa de La Moneda informó que el Presidente Boric le pidió la renuncia inmediata a la ministra de Bienes Nacionales a Marcela Sandoval, por la responsabilidad que tuvo en esta frustrada operación comercial, motivo por el cual, Sergio Vergara, asumió dicha función como interino, quien tendrá la tarea de arreglar el entuerto. Si tiene éxito en este cometido suponemos que será confirmado como titular de tal ministerio.
Entendiendo que las compras de las casas, por parte del Estado, en esos desmedidos precios, ya no son posibles y como en este mundo tan mercantilista, las supuestas donaciones de ambas familias tampoco se realizarán, el único camino viable para que los inmuebles sean museos, es invocar el artículo 2174 del Código Civil que alude a la figura del comodato.
En efecto, con la anuencia de las distinguidas familias Allende y Aylwin, el nuevo ministro Vergara, apelando al mencionado artículo del Código Civil, puede negociar con ellas para que sus casas se las cedan gratuitamente a Bienes Nacionales, conservando dichas familias el dominio de las mismas, con lo cual las casas podrán funcionar perfectamente como museos y el Estado de Chile se ahorrará la no despreciable suma de $ 2.233.000.000.
