El Instituto Nacional de Seguros (INS) deberá efectuar, por segunda ocasión, cambios al cartel de licitación del marchamo digital porque la Contraloría General de la República (CGR) aceptó una serie de cuestionamientos planteados por empresas oferentes, en contra de los requisitos de contratación.
La CGR confirmó este miércoles que declaró parcialmente con lugar tres de los cinco recursos de objeción presentados, por lo que ordenó a la aseguradora estatal efectuar las modificaciones pertinentes y establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas.
Alfredo Aguilar, gerente de la División de Contratación Pública de la Contraloría, explicó que en el pliego de condiciones se objetaron aspectos como la calificación de la experiencia de los oferentes, los criterios para verificar y aceptar las etiquetas del marchamo, la seguridad del sistema y las valoraciones de las certificaciones internacionales.
“Una vez comunicada la resolución, le corresponde al INS atender lo dispuesto por este órgano contralor, realizar las modificaciones al pliego de condiciones que correspondan y proceder a establecer una nueva fecha para apertura de ofertas”, detalló el funcionario.
La Nación envió consultas al INS sobre las acciones que ejecutará después de la decisión de la CGR. La aseguradora detalló que las preguntas están en trámite.
El INS inició, en junio del 2023, el proceso para contratar a una compañía encargada de la emisión de 1,5 millones de etiquetas del marchamo digital para vehículos, por un total de ¢2.740 millones.
El objetivo del proceso es contratar la confección de nuevas etiquetas del marchamo que usen el mecanismo de Etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), que permite identificar objetos, en este caso vehículos, por medio de ondas de radio que brindan la posibilidad de captar cientos de objetos a la vez.
INS lanza nueva licitación del marchamo digital para contratar 1,5 millones de etiquetas
Sin embargo, el proceso enfrentó varias dificultades. En marzo del año pasado, la CGR anuló la adjudicación del contrato a un consorcio empresarial tico-mexicano, PC Central Neology, y dispuso comenzar de nuevo el proceso.
En octubre del 2024 comenzó un nuevo trámite de licitación. Pero, un mes después, la Contraloría pidió cambios al cartel por cuestionamientos de las empresas interesadas en el negocio.
