El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha concedido una medida cautelar al FC Barcelona que permite la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en la competición, a pesar de la falta de una resolución judicial definitiva. La decisión ha desatado una intensa controversia, no solo por las implicaciones deportivas, sino por el carácter gubernamental del organismo que la emite, lo que inevitablemente ha generado suspicacias políticas.
La medida a favor del Barcelona ha sido percibida por ciertos sectores como un ejemplo de intervención desproporcionada, especialmente cuando se observa la rigurosidad con la que se han aplicado las normativas de control financiero a otros clubes de LaLiga en situaciones similares.
Dani Olmo, pieza clave tanto en la selección española como en el Barcelona, podría ahora disputar la final de la Supercopa de España, una posibilidad que añade un componente deportivo a la controversia. El Barcelona, que se ha clasificado para dicha final tras imponerse con solvencia al Athletic Club por 0-2, vería reforzada su plantilla con la incorporación del centrocampista. Sin embargo, el debate se ha trasladado del césped al plano político, con reacciones que reflejan la creciente polarización del fútbol español.
Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha criticado abiertamente la decisión del CSD, vinculándola con un supuesto “trato de favor” hacia el club catalán. Sémper ha llegado a utilizar el término “amnistía” para describir la medida, una elección de palabras que no es casual en el contexto político actual, donde la amnistía tiene connotaciones sensibles y controvertidas. Su argumento apunta a que un club de menor tamaño difícilmente habría recibido un trato semejante, lo que abre el debate sobre la igualdad de condiciones en la aplicación de las normativas financieras. "Esta decisión del gobierno, contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga, es un trato de favor a un club y adultera la competición. Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño", ha escrito.
Además, ha retuiteado el mensaje del periodista Albert Ortega. Éste recordó que el Real Betis, el pasado verano, se vio obligado a vender a Nabil Fekir para cumplir con las estrictas limitaciones salariales impuestas por LaLiga, una situación que contrasta con la flexibilización aplicada al Barcelona. Ortega calificó la decisión como un “escándalo”, cuestionando la coherencia y el criterio del CSD. "Este pasado mercado de verano, el Real Betis tuvo que vender a Nabil Fekir, uno de sus mejores futbolistas, para cuadrar sus números y no quedarse sin margen salarial. Ahora el Betis ve cómo el CSD pasa por encima del control económico de LaLiga. Es un escándalo", escribió
El FC Barcelona, por su parte, defiende la legitimidad de la medida, argumentando que la situación económica del club ha mejorado y que la inscripción de Olmo y Pau Víctor se ajusta a la normativa vigente. Sin embargo, la ausencia de una resolución judicial definitiva plantea dudas sobre la coherencia de los procedimientos y la transparencia en la toma de decisiones.
