La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados en el 'caso de la Perla Negra ', después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid haya dado a conocer este miércoles la sentencia condenatoria por el alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales , construido en Arroyo de la Encomienda, y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo. Según un comunicado de la Junta recogido por Ical, las penas impuestas de prisión y de inhabilitación son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Administración Autonómica . En concreto, la sentencia condena al entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado y a los empresarios Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo una cantidad que supera los cuatro millones y medio de euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L. Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a Rafael Delgado y a los empresarios, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L. La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta en su papel de acusación particular como especialmente relevante para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular. Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica estudiará detenidamente los fundamentos de la sentencia, y decidirá posteriormente, dentro del plazo existente para ello, si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.
