Función Pública activa la prórroga forzosa de Muface por un plazo máximo de tres meses mientras se resuelve la nueva licitación, pero con las mejoras económicas que ofrece a las aseguradoras para el próximo trienio
Asisa contempla asumir Muface en solitario y garantizar la sanidad privada de los funcionarios
A una semana de que se resuelva el segundo intento de salvar Muface, la mutualidad que permite a un millón y medio de funcionarios y sus familias optar entre un seguro privado financiado con fondos públicos y la sanidad, el ministro de Función Pública, Óscar López, se ha mostrado esperanzado. “Las aseguradoras están valorando la oferta, yo espero que concurran y que finalmente haya un concierto”, ha dicho este miércoles en una entrevista en Antena 3.
El escenario, en estos momentos, vuelve a ser incierto. Adelas, que actualmente presta servicio a medio millón de funcionarios, anunció a finales de año que no acudiría a la nueva licitación del Gobierno, pese a un incremento de la prima de un 33,5% en tres años. El modelo, decían, es “económicamente insostenible”. La segunda aseguradora por volumen de mutualistas, Asisa, baraja la posibilidad de presentarse en solitario, algo que había rechazado en la primera oferta.
“Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes”, ha insistido López, que ha indicado que el Ejecutivo está “metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”. En total, el convenio que analizan ahora las aseguradoras supone una cuantía total de 4.500 millones de euros en tres años.
López ha recordado también que este conflicto no afecta a todos los funcionarios. “Uno de cada 3 tiene Muface y 2 de cada 3 no tiene Muface”, ha cuantificado. En concreto, tienen derecho a un seguro privado cubierto con fondos públicos los funcionarios de carrera de los ministerios y los cuerpos funcionariales como los maestros, pero no el personal sanitario o el funcionariado local. Además, según los datos del ministerio, dos de cada tres mutualistas de nuevo ingreso optan por la sanidad pública.
La crisis abierta y la reducción paulatina del número de funcionarios que optan por el seguro privado ha hecho a Función Pública abrirse a la necesidad de replantear el modelo. “Hay una reflexión pendiente, posterior a que se firme este convenio, porque es un modelo muy antiguo que acumula ciertas imperfecciones y hay cosas que se pueden mejorar”, ha dicho López. Un mensaje que ya trasladó en diciembre en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso: “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”.
Mientras se resuelve la nueva licitación, a la que las aseguradoras podrán presentarse hasta el 15 de enero, Función Pública activó el 28 de diciembre la prórroga del concierto actual, a la que le habilita la Ley de Contratos del Sector Público. La prórroga se hace “de forma excepcional y transitoria, desde el día 1 de enero de 2025 y por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente”, según la orden de continuidad.
Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, que ya estaban obligadas por el contrato a prestar asistencia hasta el 31 de diciembre, deberán ahora seguir haciéndolo “en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados” hasta que se resuelva el concierto, aunque el texto estima que esto será por un periodo máximo de 3 meses. Aunque algunas voces ministeriales habían deslizado que esta prórroga se produciría con las mismas condiciones económicas acordadas en 2022, lo que añadía presión extra a las compañías, finalmente se hará en los términos que se ofrecen para el próximo trienio. En total, Muface estima que esta ampliación supondrá un importe máximo de 343 millones de euros.
