La Contraloría General de la República propuso al Congreso redireccionar recursos provenientes del cobro de impuestos y de cánones al financiamiento de programas de salud, con el fin de aliviar la presión presupuestaria en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En un informe enviado este martes a los diputados, el ente fiscalizador resaltó la necesidad de identificar “ingresos frescos y sostenibles”, sin comprometer la competitividad ni el bienestar social del país.
La Contraloría respaldó el uso de estos tributos para fomentar acciones preventivas que reduzcan la carga de la CCSS en el tratamiento de enfermedades. Esto permitiría redirigir recursos hacia programas subsidiados que benefician a personas en condición de vulnerabilidad.
El documento sugiere estudiar la práctica internacional de establecer tributos selectivos al consumo de productos “que afectan la salud”, como el tabaco, alcohol, exceso de azúcares, comidas rápidas, casinos y vapeadores.
Dichas obligaciones se conocen como “impuestos saludables”. Igualmente, menciona la implementación de los “impuestos verdes”, los cuales penalizan el consumo de productos contaminantes, como una alternativa a valorar, “en vista de la relación inversa entre la contaminación y la salud”.
“Estos gravámenes son alternativas interesantes para generar ingresos susceptibles de financiar programas de prevención desde una perspectiva de salud pública, de paso con un impacto positivo en los hábitos de la población y, en consecuencia, en la eficiencia de todo el sistema”, señala la Contraloría.
CCSS advierte de riesgos en atención de cáncer porque Hacienda no gira dinero de impuestos al tabaco
Costa Rica ya cuenta con legislación que obliga a destinar a la CCSS un porcentaje de los impuestos al tabaco. Sin embargo, la institución denunció, en noviembre del 2024, que el Ministerio de Hacienda no ha girado todos los recursos correspondientes por estos tributos.
Según el Área de Tesorería General de la Dirección Financiero Contable, la institución no ha recibido el 55% de los impuestos al tabaco como lo estipula la Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (9028).
Entre 2022 y setiembre de 2024, Hacienda recaudó más de ¢68.456 millones en tributos por venta de tabaco. No obstante, la CCSS solo recibió ¢8.424 millones de los más de ¢37.650 millones que le correspondían, informó la entidad.
La Caja reclama que tampoco ha recibido lo que le toca por concepto de los impuestos provenientes de la Ley de Regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares (10.066).
El ente fiscalizador también expuso la posibilidad de flexibilizar tributos como los que ya aplica el país a las bebidas alcohólicas, para mejorar su distribución. “Esto permitiría asignar recursos derivados de su recaudación a la CCSS y ampliar su objeto de aplicación para utilizar dichos fondos en la prevención de manera integral”, añade.
La contralora general, Marta Acosta, anunció este martes la presentación del informe durante una comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas anomalías en la CCSS.
Otro esquema adicional de financiamiento, puesto a valoración por la Contraloría, es el aprovechamiento de algún porcentaje de los recursos derivados de los cánones de concesión en servicios públicos, como telecomunicaciones, energía o transporte, para el fortalecimiento del sistema de salud.
La entidad fiscalizadora señaló que recursos como los destinados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) podrían apoyar programas que reduzcan la brecha digital desde una perspectiva de salud.
Igualmente, sugirió la revisión de las exoneraciones fiscales vigentes y evaluar su impacto en la recaudación, lo cual podría generar espacios fiscales relevantes.
Sin entrar en mayores detalles, la Contraloría también planteó la necesidad de revisar el marco normativo vigente, con el fin de promover la formalización del empleo e incentivar la generación de puestos de trabajo de calidad, particularmente en sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.
“Estos esfuerzos, no solo fortalecerán la sostenibilidad del modelo de salud de la CCSS, sino que también contribuirían al desarrollo de un mercado laboral más inclusivo, equitativo y generador de valor público”, indica el informe.
Por otra parte, el ente fiscalizador también abogó por explicitar los compromisos del Estado con la CCSS en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que contiene las principales proyecciones fiscales y los objetivos del gobierno sobre la materia.
“Esto permitiría consignar claramente las reformas necesarias en el modelo de financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que tengan repercusiones fiscales a mediano plazo.
“Asimismo, podría establecer cuotas de asignación máximas para garantizar un financiamiento sostenible de las obligaciones del Estado con el seguro de salud, alineando estos compromisos con la capacidad fiscal del país.”, destaca la Contraloría.
Otra buena práctica que el país debería adoptar, a criterio del órgano contralor, es el registro de las deudas del Estado con el seguro de salud, al menos como pasivos del Estado, para que sirva como “insumo necesario para apoyar una toma de decisiones oportuna y efectiva sobre este tema”. Esto como una forma de mejorar la transparencia.
Finalmente, la Contraloría expresó particular preocupación por la falta de financiamiento del modelo subsidiado del seguro de salud, el cual está destinado a garantizar la cobertura de la población vulnerable, especialmente personas en pobreza extrema, pobreza y menores de edad. Este se creó de manera fragmentada, mediante diferentes leyes desarticuladas y, en su mayoría, sin que cuenten con una fuente presupuestaria.
Por ejemplo, en la normativa que da origen a 10 obligaciones agrupadas bajo el concepto de “leyes especiales”, en seis casos no se hace referencia alguna a la fuente de financiamiento respectiva. En un caso se indica que permite recibir donaciones de organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales; otra menciona al Fondo Especial de Migración; una señala que el Estado destinará recursos de acuerdo con sus posibilidades y la última indica que el Poder Judicial incorporará los rubros que correspondan.
Los últimos tres casos corresponden a recursos públicos que no tienen fuente de financiamiento explícita y que son asumidos por el Estado.
A esto se suma que para el modelo subsidiado, el Estado pasó de pagar el 82% de los cobros realizados por la CCSS en 2008, a solo el 22% en 2023, lo que implica que el porcentaje de los cobros en mora pasó de 18% a 78% en dicho periodo.
