La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en primera votación la iniciativa legislativa que restituye la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993, que fue redactada durante el régimen fujimorista hace 32 años. Si bien es cierto, la decisión que — fue respaldada con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones — aún está pendiente de una segunda votación, ha generado discrepancias luego de que Fujimori Fujimori diera un golpe de Estado el 5 de abril de 1992 y elaborara una carta magna desde la clandestinidad.
La República pudo contactarse con los politólogos Alejandro Mejía, profesor de Ciencias Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Jhimer Monzón, politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo y Director Académico de la Asociación de estudios en Ciencias Sociales 'Leviatan' para recoger sus opiniones sobre la aprobación del Congreso de la República.
— La Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación restablecer la firma de Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993. ¿Qué me podría decir de esto?
Jhimer Monzón: Es un evidente intento de limpiar la figura histórica de Alberto Fujimori. En un contexto en donde las cifras de pobreza e inseguridad nos muestran que vivimos en una de las peores crisis sociales, el Congreso no tiene más capacidad legislativa que para fomentar una medida, que no generará ningún cambio ni mejora sustancial en las condiciones de vida de los ciudadanos. Esta situación es verdaderamente penosa.
Alejandro Mejía: Esto no es una muestra más de que este Congreso totalmente desconectado de los problemas públicos en el país que requieren atención de las autoridades. En ese sentido, la coalición que sostiene a este Gobierno, pone como agenda prioritaria un tema totalmente irrelevante para la ciudadanía bajo la premisa de recuperar la memoria histórica de nuestra carta magna.
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— Una Constitución redactada desde la clandestinidad luego de un golpe de Estado en los 90, ¿Por qué recordar un pasado tan sombrío para nuestra democracia con una medida así por parte del Parlamento?
Jhimer Monzón: El fujimorismo intenta instrumentalizar el poder otorgado por la ciudadanía al Legislativo para moldear la narrativa de los años de dictadura de la Alberto Fujimori. Debemos recordar que el fin de la dictadura se selló con una vacancia por incapacidad moral, en este sentido se aprobó la Ley 27600, la cual suprimía la firma de un presidente que ha sido condenado por peculado doloso, falsedad ideológica, corrupción, homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado.
Alejandro Mejía: La Carta Magna del 93 siempre ha sido un hecho de polarización desde el retorno a la democracia y hasta hoy, sigue dividiendo a la clase política respecto a las formas en que se llevó a cabo. Fuera de ello, la Ley 27600 que retira la firma de Fujimori tiene legitimidad por las formas en que el expresidente huyó del país y renunció por fax, por los múltiples casos de corrupción alrededor de su gobierno, cosa que los parlamentarios que han promovido esta iniciativa de restituirla, parecen haberlo olvidado por completo.
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— ¿Considera que estar a favor de que se restablezca la firma de un dictador en la constitución política significa respaldar un régimen?
Jhimer Monzón: Es correcto, creo que el interés detrás de esta norma es respaldar el trágico régimen fujimorista. En la política, todo cuenta, un discurso no solamente está compuesto por las palabras enunciadas, sino también por las posturas morales que toman los políticos. Por lo tanto, los congresistas que apoyan esta medida se están alineando a defender la postura de que la dictadura de los noventa fue "cruel pero necesaria".
Alejandro Mejía: No necesariamente. Aquí debemos entender que los promotores de esta iniciativa son Fuerza Popular y sus aliados en el Parlamento, que buscan restablecer una verdad histórica y, en cierta forma, ensalzar el gobierno de Fujimori y la defensa del modelo económico que ha sostenido el país en todos estos años. Sin embargo, no podemos desconocer que un sector de la ciudadanía simpatiza con el Fujimorismo. Más que respaldar o no a un régimen, esto solo nos polariza aún más como ciudadanía sobre este episodio de nuestra vida republicana.
— ¿Cuánto daña a la historia de nuestro país que la firma de un dictador reaparezca en una constitución con tantos cambios, pero que su origen fue desde una dictadura?
Jhimer Monzón: En un país como el nuestro, con una historia democrática socavada por no pocos episodios dictatoriales, es fundamental que busquemos fortalecer nuestros valores cívicos. Sin embargo, si el Legislativo promueve que nuestra máxima norma contiene la firma de un político tan controversial, es una muestra que no hay un porvenir esperanzador.
Alejandro Mejía: Los cambios con el restablecimiento de la firma Fujimori se dan más en materia del registro de nuestra historia constitucional y los contenidos de la norma. Sin embargo, en un proceso inconcluso que hemos tenido de reconciliación post Fujimorato, esto solo abre un nuevo episodio más sobre las diversas lecturas históricas que tenemos de una constitución derivada de un régimen autoritario. Esto va a generar una nueva ola de reacciones desde sectores políticos que estuvieron en la transición a la democracia. Más que un daño al país con el restablecimiento de la firma, hay un daño más preocupante como el de socavar las instituciones de esta frágil democracia en la que vivimos.
— Yace un dicho que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Actualmente, estaríamos ante un posible peligro dictatorial desde el Parlamento?
Jhimer Monzón: En el Perú vivimos en un riesgo dictatorial permanente. Es un legado de nuestros caóticos primeros años republicanos, el cual no hemos sabido superar. Con Congreso de la República, desaprobado por el 91% de los peruanos, y con un escándalo nuevo cada semana, es alarmante la pasividad de la ciudadanía. Y, cuando el ciudadano no está interesado en defender la democracia, cualquier cosa puede pasar.
Alejandro Mejía: En realidad, ya lo estamos. Esta coalición autoritaria que sostiene a Dina Boluarte ha monopolizado la agenda parlamentaria, poniendo temas como el de restablecer la firma de Fujimori, incrementar los momentos del Tribunal Constitucional, liberando a militares sentenciados por violaciones de derechos humanos, retorno de la bicameralidad, el financiamiento privado a los partidos, entre otros, sin oposición alguna del Ejecutivo. En ese sentido, estamos en una regresión de la democracia donde el Congreso está estableciendo las reglas de juego para el próximo proceso electoral, a la medida de los intereses de varios partidos políticos. Este año no debe sorprendernos el tener más iniciativas desde el Parlamento que busquen afectar aún más nuestras instituciones.
