La Cámara de Representantes saca adelante con la mayoría republicana y un partido demócrata dividido una norma que endurece la situación para migrantes acusados de robo o hurto
La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado este martes una ley que facilitará la deportación de migrantes irregulares acusados de delitos menores y no violentos. Una medida que va en línea con el aumento de la represión de la inmigración que ha prometido Donald Trump y que, en este caso, ha salido adelante con el apoyo de todos los representantes republicanos pero también de 48 representantes demócratas.
La ley se espera que salga adelante tras haber obtenido el respaldo bipartidista en el Senado, que la abordará este viernes. La norma lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada el pasado año en Georgia por un migrante que había sido arrestado por hurto en tiendas.
Pese a que Donald Trump no es todavía el presidente del país, la norma está encaminada al discurso mantenido por el candidato republicano durante la campaña prometiendo un endurecimiento de las leyes contra la migración irregular. Es solo un hito de un paquete de medidas que están en camino de ser aprobadas gracias a la mayoría que los republicanos cosecharon en noviembre tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
El apoyo de representantes del partido demócrata a esta ley que endurece el discurso sobre la inmigración ha sido leída por algunos medios, como el Ney York Times, como una respuesta a la derrota sufrida por el partido en noviembre. Algunos representantes han optado por modular sus discursos en materias como la inmigración, abogando por posiciones más severas.
En la práctica, la norma supondría que las autoridades federales tengan que detener a todos los inmigrantes indocumentados acusados de robo o de hurto en tiendas. Se trata de ampliar la lista de cargos que hasta la fecha podían provocar la deportación de estas personas.
Los demócratas que sí han criticado la medida aseguran que se trata de una ley inconstitucional. Además, alertan de que deja en manos de los fiscales generales estatales conservadores de dictar la política federal de inmigración.
