El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, le envió un oficio al alcalde de Magdalena, Francis Allison, para exigirle las imágenes de las cámaras de vigilancia del día 27 de diciembre del año, fecha en que supuestamente la asesora del congresista Edwin Martínez, Isabel Cajo, fue víctima de un robo en este distrito.
"Se requiere a su despacho, se sirva disponer a quien corresponda, remita en el más breve plazo en soporte técnico la imagen de las cámaras de videovigilancia, ubicada en las cuadras que forman la intersección de los jirones Castilla y Comandante Espinar así como de los mismos jirones que forman dicha intersección, respecto del día 27 de diciembre del 2024 en el rango de las 19:55 a 20:55 horas, ello por ser de interés de la comisión que presido al estar relacionado al caso en mención", precisó el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos.
Como se sabe, el lunes se hizo público que Isabel Cajo denunció haber sido víctima del robo de su celular ese día. Cajo es investigada por la Comisión de Fiscalización, debido a que trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde estuvo de jefe de Jorge Torres Saravia, exfuncionario indagado por una presunta red de prostitución en el Parlamento.
Según un reportaje de Beto a Saber, la abogada Andrea Vida reclutaba trabajadoras en esta oficina para que luego ofrezcan servicios sexuales en el Congreso. Vidal falleció el mes pasado, víctima del ataque de unos sicarios.
El lunes, además, la Municipalidad de Magdalena publicó un comunicado para informar que las cámaras de vigilancia de este distrito no registraron ningún robo contra Cajo.
Cajo denunció que el hurto fue entre los jirones Castilla y Comandante Espinar. Burgos ha pedido justamente las imágenes de esa intersección para verificar el supuesto delito del que fue víctima.
Este miércoles sesionará la Comisión de Fiscalización. Una de las convocadas es una mujer que denunció hace cuatro años a Jorge Torres Saravia por violación. El argumento de Torres Saravia es que ese caso se archivó y le envió una carta notarial para que se rectifique.
Además de la denunciante, fueron citados 10 trabajadores del Congreso, entre ellos funcionarios de la Oficina Legal y Constitucional, donde Torres Saravia fue jefe.
