Al menos 64 menores de edad son sospechosos en investigaciones por homicidios cometidos en el 2024, reveló este lunes la fiscala adjunta de Penal Juvenil, Gabriela Alfaro Zúñiga.
La cifra creció en diez casos con respecto al 2023, y además representa aproximadamente un 7% de los asesinatos ocurridos el año anterior. Empero, el porcentaje podría variar porque los datos del Ministerio Público llegan hasta el 20 de diciembre y aún falta corroborar los datos enviados por las diferentes fiscalías, explicó Alfaro en el programa radial Frecuencia MP.
De los 64 homicidios, 14 estarían vinculados al crimen organizado. Asimismo, 33 son investigados como homicidio simple, y los 31 restantes como homicidio calificado, delito en el que se deben cumplir ciertos agravantes como la alevosía, es decir, la precaución que toma el homicida para minimizar sus riesgos y atacar con mayor certeza a su víctima.
“Nos damos cuenta de que en algunos de estos casos está involucradas personas mayores de edad que están haciendo un control de estas personas menores de edad, y de alguna manera son captadas para la ejecución de estos actos”, detalló la fiscala.
Un menor de edad muere asesinado cada 12 días
“Se identifican menores de edad con grandes condiciones de vulnerabilidad que hacen que no tengan una contención interna ni externa, no tienen límites, elementos de autocontrol y tampoco factores externos, a nivel familiar o escolar, que los hagan contenerse de ser captados por estos grupos delincuenciales”, agregó.
Estos jóvenes se exponen a severas penas en centros de internamiento, lo equivalente a las cárceles para menores de edad. Si el autor del crimen tiene entre 12 y 14 años, las penas máximas llegan a los diez años, y si tiene entre 15 y 17 años, pueden aumentar hasta 15 años.
Uno de los casos que más resonó a nivel nacional en los últimos tiempos fue el del adolescente de 17 años que asesinó al agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Geiner Gómez, de 42 años, el 4 de octubre del 2023 en Tirrases de Curridabat. En febrero del 2024, el joven fue condenado a 15 años de internamiento en un centro especializado.
Para el exministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega, los principales centros de reclutamiento de las bandas criminales son los barrios empobrecidos, donde a un joven sin oportunidades de estudios ni trabajo le pueden ofrecer hasta ¢100.000 por su primera asignación como sicario.
Antes de ejecutar el crimen, los menores son entrenados en fincas para que se acostumbren a las armas que van a usar. Otros jóvenes son usados como “burros” para trasladar la droga, y otros actúan como “campanas” que avisan en los búnkeres cuando se acerca la policía.
Si bien no involucró un homicidio, un ejemplo reciente de esta práctica de reclutamiento trascendió el pasado domingo, cuando fue arrestado un joven de 17 años como sospechoso de disparar con arma AK-47 contra la sede del OIJ en Batán de Matina, al parecer por órdenes de dos reconocidos líderes criminales de la zona.
Las estadísticas de los últimos años también exponen esta realidad, pues los delitos contra la vida cometidos por menores de edad se duplicaron en el quinquenio 2019 y 2023. Según datos del Poder Judicial, en 2019 se reportaron 496 casos, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 1.004 (un incremento del 102,4%).
“Aquí se denota una ausencia de un sistema educativo fuerte, que de alguna manera pueda prever este tipo de amenazas que se están generando cada día más en nuestro país, y al existir estas debilidades tanto a nivel familiar como educativo, están a expensas de la contratación de estos grupos criminales”.
“Estos jóvenes también son víctimas, productos de estos altercados violentos que concluyen con homicidios (...). Lo que podemos prever es que se genere un mar de sangre, donde las víctimas y los victimarios sean gente joven, que son los que están usando como carne de cañón”, lamentó el exjerarca.
En total, la Fiscalía Penal Juvenil abrió al menos 15.000 causas en el 2024, 1.376 más que el 2023.
Si bien la fiscala Alfaro enfatizó en la gravedad de los homicidios cometidos por los jóvenes de 12 a 17 años, resaltó también que el delito más común entre este grupo etario el año anterior fue el de abuso sexual contra menor de edad.
La Nación reveló en diciembre que las causas por delitos sexuales cometidos por menores de edad se duplicaron en los últimos cuatro años, al pasar de 1.116 denuncias en el 2020 a 2.422 en el 2023, un crecimiento del 117% en ese periodo, según las estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El segundo delito más común fue el de agresión con arma, seguido por amenazas agravadas.
Asimismo, entre las contravenciones (conductas menos graves que un delito), las más usuales el año anterior fueron lesiones levisimas, amenazas personales y palabras o actos obscenos.
