La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un informe que fraccionar la Agencia Tributaria (AEAT) para cumplir con el acuerdo de financiación singular para Cataluña suscrito por PSC y ERC resultaría “no solo ineficiente, sino también costoso para empresas y ciudadanos”. Así lo afirma el autor del informe, Alberto García Rey, que reflexiona sobre los posibles cambios que podría suponer esta concesión y avisa que, en caso de proceder, podríamos estar ante un cambio de modelo de Estado que acabaría por mermar los recursos y la autonomía de la administración central al convertirse en un sistema confederal que terminaría por acarrear “serios riesgos en términos de equidad y (...) elevados costes de eficiencia”.
Al analizar el acuerdo pactado por PSC y ERC para facilitar la investidura del actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa, cargo del que tomó posesión el pasado mes de agosto, Fedea observa que esta cesión supondría un gran peligro para la lucha contra el fraude fiscal, además de significar un “paso atrás” en la aplicación del sistema tributario. Es más, este traspaso de competencias podría suponer un retraso en la eficacia de la gestión de los trámites que corresponden a la Administración Tributaria e iría en contra de la propia Constitución, que estipula que para establecer un equilibrio económico justo entre todos los españoles no pueden existir privilegios económicos o sociales en competencias reservadas al Estado, como es el caso de la Hacienda Estatal.
En este punto es conveniente recordar que, actualmente, Cataluña supone casi un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) español y concentra más del 16% del número de contribuyentes del total nacional. Se trata de porcentajes realmente elevados en comparación de las aportaciones de otras autonomías, lo que significa que, en el caso hipotético de que se lleve a cabo la fragmentación, se incrementarían las cargas indirectas de buena parte de sus ciudadanos y empresas, a los que obligarían a relacionarse con otra administración más que, previsiblemente, tendrá normas y procesos diferentes. Además, a juicio de García Rey, esta cesión dificultaría la gestión de los aspectos tributarios de los contribuyentes y comprometería la capacidad de la administración central de mantener la cohesión social y territorial.
Uno de los argumentos más utilizados por los políticos catalanes en defensa de la financiación singular es que Cataluña aporta al Estado más de lo que recibe. Esta declaración lo único que hace es sino evidenciar que, en caso de lograr la cesión del 100% de los impuestos recaudados en la autonomía, no van a financiar tampoco su parte correspondiente en los fondos de compensación interterritorial y de garantía de niveles mínimos de servicios públicos, ya que tampoco estarían dispuestos a aceptar los principios constitucionales de solidaridad entre regiones. “Esto nos llevaría a que los servicios que se prestan en las regiones más pobres (...) serán inferiores en cantidad y calidad, lo que supondría el incumplimiento del principio de igualdad reflejado en el artículo 14 de la Constitución”, argumentan desde Fedea.
Asimismo, fraccionar la gestión tributaria significaría que la Agencia perdería “el acceso directo a la información necesaria para poder disponer de unas bases de datos completas e integradas”, lo que acabaría afectando, de nuevo, a gran parte de los contribuyentes, ya que no se podrán desarrollar borradores de declaración al no contar con los datos fiscales completos, entre otros inconvenientes.
En lo que a la lucha contra el fraude fiscal respecta, Fedea advierte que esta cesión quebraría principios básicos en la gestión de los impuestos, pues “un sistema de control de actividades económicas ha de ser de carácter integral para resultar eficiente”, ya que por el contrario, si los trámites se distribuyen entre varias Administraciones, se complicaría la eficacia en la lucha contra el fraude.
Por tanto, desde el punto de vista organizativo, el coste de fragmentar la agencia tributaria es demasiado elevado y curiosamente ineficiente tanto para la población catalana como para el resto de españoles, que podrían ver mermados los servicios públicos que utilizan con asiduidad y que ya están claramente desgastados de por sí.
