El Congreso, controlado por el PSOE y Sumar, arranca el año 2025 con 15 leyes bloqueadas procedentes del Senado. Todas las iniciativas están impulsadas por el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, y muchas de ellas podrían llegar a ser aprobadas dado que la mayoría ha contado con la colaboración (con apoyo o abstención) de Junts. Sin embargo, la Mesa del Congreso tiene la tramitación de todas esas leyes paralizada porque tanto el PSOE como Sumar quieren evitar que se visualice la mayoría alternativa que puede formar el bloque de la derecha en la Cámara Baja. Ante este bloqueo, el PP ha evitado por ahora tomar medidas, aunque fuentes del cuerpo de letrados consultadas por LA RAZÓN creen que hay margen para que el Senado presente un conflicto de atribuciones o para que los populares impulsen un recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional “ordene” al Congreso la tramitación parlamentaria de las leyes.
«Ambas vías son viables», señalan las mismas fuentes, quienes subrayan que el Senado «tiene derecho al procedimiento legislativo», tal y como recoge el artículo 87 de la Constitución. «Este derecho se incumple si lo que una vez aprobado por el Senado no se lleva a tramitación por el Congreso», añaden las mismas fuentes, reflejando lo que está ocurriendo en estos momentos, con una Cámara Baja controlada por el PSOE y Sumar, que controlan la Mesa, que es el órgano de gobierno del Congreso, y tienen capacidad para bloquear la tramitación de leyes mediante el mecanismo de la ampliación del periodo de enmiendas. La Mesa del Congreso está compuesta por nueve miembros y hay cuatro del PP, que están en minoría frente al bloque del PSOE (3) y Sumar (2).
En este sentido, a juicio de estas mismas fuentes, con el bloqueo de las 15 leyes que ha tramitado el Senado en 2024 se puede estar produciendo «una infracción del derecho al procedimiento parlamentario». No obstante, de momento, en las filas populares han evitado tomar acciones sobre esta cuestión pese a que hay leyes importantes en juego, algunas con impacto fiscal, como la rebaja del IVA a las peluquerías y a servicios de dependencia o la exención impositiva para las ayudas para los afectados por la talidomida (que el Gobierno ha vetado porque suponen un coste de 20,3 millones de euros). También hay una ley contra la «okupació» ilegal que sí puede prosperar con Junts, aunque está por ver cómo acaba quedando tras las enmiendas que introdujo el PNV en la «Ley Bolaños» con la finalidad de desalojar rápidamente a «okupas».
El control del Congreso se ha convertido en un arma determinante para el Gobierno para contener el desgaste ya que gracias a la mayoría de los socios de investidura en el órgano de gobierno de la Cámara y de las Comisiones puede frenar la capacidad de iniciativa legislativa de un PP con mucha fuerza parlamentaria ya que, junto a Vox y UPN, se quedaron a tan solo cuatro escaños de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Gracias a ese control, además de congelar las leyes que proceden del Senado o que han sido tomadas en consideración en el Congreso, PSOE y Sumar han podido también paralizar una enmienda de PP y Junts que podía tener un coste para el Gobierno de 1.500 millones de euros ya que abogaba por reducir a cero el impuesto a la producción eléctrica para beneficiar a los consumidores.
Con la nueva composición del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista y dos miembros que han sido exaltos cargos del Gobierno de Sánchez, el PP ha mostrado siempre muchas dudas a la hora de presentar recursos ante el órgano de garantías porque los de Feijóo creen que va a ser muy difícil ganar pleitos. En todo caso, ese criterio no ha evitado que los populares ya hayan acudido en varias ocasiones importantes ante el TC y, de momento, las cosas han salido bien: se han admitido a trámite los recursos contra la amnistía y contra la supresión de la capacidad del Senado para vetar los Presupuestos. Además, el Senado también ha llevado al TC un conflicto de atribuciones frente al Congreso por enviar al BOE la Ley que libera a etarras sin votarla e ignorando el rechazo por mayoría absoluta de la Cámara Alta.
De esta manera, 2025 arranca con una debilidad parlamentaria del Gobierno que va a hacer muy difícil la tramitación de proyectos legislativos pese a la treintena que hay en el Congreso y con un bloqueo a todas las iniciativas del PP pese a que algunas sí podrían acabar en el BOE.
