El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, advirtió este lunes que llegará hasta "las últimas consecuencias para se sancione" a la jueza que declaró la desaparición forzada de cuatro menores tras un operativo militar en Guayaquil (suroeste).
Sin nombrarla, Loffredo enfiló contra la magistrada Tanya Loor -quien declaró que los niños fueron víctimas de desaparición forzada- en una cadena nacional en la que además ofreció disculpas públicas a las familias de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15.
"Señora jueza he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas", expresó Loffredo rodeado de militares.
El ministro alegó que la jueza "no tenía capacidad ni facultad legal alguna" para determinar la existencia de una desaparición forzada, y lo consideró una "injusticia".
Defendió que la institución militar ha colaborado para que respondan ante la justicia los 16 miembros de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que participaron en el operativo del 8 de diciembre, en el cual fueron aprehendidos los menores. Los uniformados están bajo prisión preventiva.
El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una desaparición forzada, cuatro cuerpos fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.
Los cadáveres estaban "destruidos e incinerados", señaló entonces Billy Navarrete, director del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil.
"Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo", expresó Loffredo.
"Lo lamento, mis más sentidas disculpas", señaló el ministro, agregando que "no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada".
La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado ante versiones de que la "mafia" secuestró a los menores luego de la supuesta liberación de parte de los militares.
Los cadáveres de los menores fueron sepultados el 1 de enero.
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