El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concluyó que el partido de Renovación Popular seguirá siendo investigado por los delitos de lavado de activos, ya que no se cumplieron los presupuestos para la figura de la acción penal solicitada, por lo que declaró improcedente la solicitud. Cabe recordar, que el Ministerio Publico acusa al partido de Rafael López Aliaga de haber usado su estructura organizacional para recibir dinero proveniente de las empresas brasileras, Odebrecht y OAS, para la campaña presidencial de 2011 y municipal de 2014.
La Fiscalía sostiene que el dinero recibido habría sido a través de los investigados José Luna Gálvez, el ex regidor Martín Bustamante Castro, el ex miembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, Jorge Zegarra Lévano, el ex funcionario municipal José David Quispe Levano y Julio Víctor Torres Romero, el asesor.
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Solidaridad Nacional habría recibido US$200.000 de Odebrecht y US$480.000 de OAS, que se habría realizado en la Universidad Telesup de la que es dueña el congresista de Podemos Perú, José Luna y habría intentado darles apariencias de legalidad a modo de aportes de campaña, según la tesis que maneja el Ministerio Público.
Renovación Popular quiso acogerse a la ley 32054, que aprobó el Congreso de la República el junio del año pasado. La modificación del artículo 105 del Código Penal exime a las organizaciones políticas de cualquier responsabilidad penal en los actos ilegales que hayan sido perpetrados por sus dirigentes y militantes, los que serán procesados de "manera individual" si es que se requiere.
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El congresista José Luna Gálvez fundador de Podemos Perú, también se encuentra siendo investigado en este caso. A su vez, afronta una investigación preparatoria por supuestas irregularidades que fueron detectadas en la inscripción de su actual partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la que también fue incluida la Universidad Telesup, decisión tomada por el juez, Jorge Chávez Tamariz. La Universidad decidió presentar un recurso de apelación que fue declarado infundado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Según la Fiscalía, en este caso, la Universidad Telesup habría sido usada para poder justificar el pago de 1.3 millones de soles a los que fueron integrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila y Sergio Noguera. Además, de beenficiar al exconsejero Julio Gutiérrez con transferencias de dinero en cuentas a nombre su hijo.
