El 2025 es un año clave y decisivo, en el que el Legislativo jugará un rol importante en lo que queda del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, antes de las elecciones del 2026. El panorama es incierto, y las alianzas tácitas que han sostenido a su Gobierno hasta ahora podrían comenzar a resquebrajarse.
En los últimos meses, diversas bancadas, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) e incluso Perú Libre, han sido señaladas de mantener un cogobierno con Boluarte. Esta presunta alianza habría permitido blindar a la mandataria frente a los cuestionamientos por su gestión y las investigaciones en su contra. Sin embargo, las tensiones entre ambos poderes del Estado han ido en aumento, especialmente desde que el Congreso negó el permiso a la presidenta para asistir a la Asamblea General de la ONU.
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Este año, muchos de los partidos con representación nacional en el Congreso empezarán a formular sus estrategias con miras a las campañas electorales, lo que lleva a que distintos parlamentarios empiecen a mostrar posiciones variadas sobre su relación con el Ejecutivo.
A pesar de los múltiples intentos de vacancia contra Dina Boluarte, hasta ahora ninguna moción ha conseguido el apoyo suficiente para avanzar. Asimismo, el Legislativo ha mostrado tibieza en el tratamiento de las investigaciones contra su gabinete, como en el caso de Julio Demartini, involucrado en el caso Qali Warma —ahora Wasi Mikuna—, por una presunta red de corrupción que repartía productos no aptos para el consumo de niños y escolares en el interior del país. Enfrentó dos intentos de mociones de vacancia de las que salió airoso.
Sin embargo, el panorama político podría complicarse este año preelectoral para la mandataria, quien ahora enfrenta ocho investigaciones. Entre las más recientes destacan los casos Rolex, Cofre y la cirugía a la nariz. Aunque estas han generado controversia, hasta ahora congresistas de APP y Fuerza Popular han desestimado que sean causales para una vacancia por incapacidad moral.
De hecho, Fuerza Popular, actual bancada mayoritaria del Congreso, ha sido pieza fundamental de las contrarreformas electorales que cambiarán el panorama en los próximos meses. Según el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, ellos no apoyan cualquier acción que retire a Boluarte del sillón presidencial porque apuestan por la gobernabilidad y llamar a nuevas elecciones solo significaría más gasto. “Claro, esto cambiaría solo en caso de una hecatombe política”, indicó a La República.
La politóloga Marylia Cruz explica que ahora dichas bancadas empezarán a recobrar un cierto capital político para las próximas elecciones. “Y seguramente tomarán distancia de la posición de Dina Boluarte en su último período de Gobierno hasta el 2026”, refirió.
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El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú y presidente de la Comisión de Fiscalización, ha sido tajante al referirse a las consecuencias políticas de las alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo: “El Perú castigará a los que han estado de socios de Dina Boluarte. Creo que las agrupaciones que han recibido ministerios deben ser señaladas. La corrupción y las dudas sobre este Gobierno son evidentes. Es momento de que el país conozca quiénes cogobernaron con ella”, declaró a este diario.
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En tanto, Norma Yarrow, de Renovación Popular, se mostró en contra de posibles alianzas entre los poderes del Estado. Cuestionó las supuestas alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo, apuntando directamente al bloque democrático y reconociendo las deficiencias del actual Congreso: “Mientras Cerrón esté en la Mesa Directiva y tenga el respaldo de APP y Fuerza Popular, Dina Boluarte será inamovible. Sin embargo, el día que le quieran bajar el dedo una vez adelantadas las elecciones, seguro le van a quitar respaldo”, sentenció.
El desgaste de las relaciones entre el Ejecutivo y las principales bancadas del Congreso parece inevitable. Tanto Fuerza Popular como APP mostraron señales de retroceso, lo que podría dejar a Boluarte sin el apoyo necesario para culminar su mandato con estabilidad. De hecho, este último partido enfrenta una crisis interna al ser señalado como principal responsable de la presunta red de prostitución en el Congreso.
Las nuevas investigaciones y cuestionamientos que enfrenta Boluarte, sumados a la pérdida de poder de bancadas como APP, podrían ser el detonante para que los grupos que hasta ahora la respaldan le retiren su apoyo. Marylia Cruz plantea tres posibles escenarios:
“Por un lado, ciertas bancadas se podrían contraponer a Boluarte para tener crédito político y distanciarse del Ejecutivo, no necesariamente para vacarla. El otro escenario es que si logran vacarla y entremos a otro gobierno por un corto tiempo. Y la tercera hipótesis es que no les importa mucho la baja aprobación de la ciudadanía. Porque en estos momentos, tanto el Congreso como el Ejecutivo están de espaldas a lo que la ciudadanía desaprueba o aprueba, y simplemente tratan de sobrevivir el período para terminarlo”, alertó
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El 2025 se perfila como un año decisivo, no solo para Boluarte, sino también para el Congreso, que deberá elegir entre continuar respaldando al Ejecutivo y asumir el costo político de su propia supervivencia. En cualquier caso, el desenlace podría redefinir el mapa político del país de cara a las elecciones del 2026.
