La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, admitió ante la Sala Constitucional que le resulta imposible respaldar sus propias afirmaciones sobre una supuesta invasión de competencias por parte de la Contraloría General de la República (CGR), “dado que es una información que como tal no tenemos”. Si bien prometió a un grupo de diputados entregarles una “bitácora diaria” con ejemplos de coadministración por parte del ente fiscalizador, la jerarca alegó que se había expresado “de manera figurativa” cuando el medio de verificación Doble Check le solicitó la información.
La jerarca presentó sus argumentos en un oficio enviado el 13 de diciembre a los magistrados constitucionales, como respuesta a un recurso de amparo interpuesto por Doble Check que fue admitido para estudio.
En el documento, aunque Fernández dijo estar en disposición de atender las consultas que se planteen, reconoció que “(...) en este caso no se puede brindar lo solicitado, a causa de una imposibilidad, dado que es una información que como tal no tenemos, sino que puede ser directamente consultada en la página de la Contraloría General de la República”.
Esta es la tercera ocasión en que la administración del presidente Rodrigo Chaves alega haberse expresado en sentido figurado cuando se le solicita el respaldo documental de sus manifestaciones.
Casa Presidencial usó la excusa cuando La Nación le solicitó la lista de los diputados que, según Rodrigo Chaves, se opusieron a la entrega de alimentos enviados por El Salvador a los damnificados por lluvias en la zona sur. Antes, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, fue el primero en usar este argumento a finales de octubre, tras ser cuestionado por el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos a Pococí, lejos del mar.
Presidente Chaves alega que hablaba de diputados en sentido figurado
Fernández asistió el 19 de noviembre a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto de ley jaguar. En ese foro, dijo lo siguiente: “Yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría. Diariamente, a nosotros nos notifican; a los alcaldes los notifican; a las instituciones descentralizadas les notifican actividades que no son las que la Constitución mandó a la Contraloría a realizar”.
Dos días después, el 21 de noviembre, Doble Check solicitó a Casa Presidencial, vía correo electrónico, la bitácora diaria de hechos que la ministra de la Presidencia cataloga como coadministración por parte de la Contraloría, entre otros aspectos.
El 5 de diciembre, la Dirección de Información y Comunicación de Presidencia se limitó a decir que “desde el Ministerio de la Presidencia se le recomienda solicitar esa información a cada una de las instituciones y ministerios de la República”. Al día siguiente, el 6 de diciembre, Doble Check presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de la Presidencia.
A raíz de la acción judicial, el Poder Ejecutivo remitió, el 13 de diciembre, un oficio a Doble Check en el que amplió su respuesta, el mismo día en que Fernández envió su descargo a la Sala Constitucional, solicitando que el recurso sea declarado sin lugar.
En la nota, se indica que “dicha expresión debe interpretarse de manera figurativa, considerando el contexto inmediato en el que se dio la intervención. Por lo tanto, no es posible atender lo solicitado en los términos planteados”.
Marta Acosta: Ni la Constitución Política ni las leyes permiten a la Contraloría coadministrar
El mismo argumento fue dado por Casa Presidencial a La Nación el pasado 5 de diciembre, cuando se le solicitó el listado de diputados que, según el mandatario Rodrigo Chaves, se opusieron a la entrega de alimentos enviados por El Salvador para los damnificados por las lluvias en la zona sur.
Zapote respondió por escrito que el mandatario “pronunció esa frase en sentido figurado, tratando de hacer referencia a que no aceptar la ayuda que tan amablemente nos dio el Gobierno salvadoreño era como lanzar la comida al río”.
También el ministro de Seguridad, Mario Zamora, recurrió a esta excusa cuando fue confrontado por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), sobre el sustento para trasladar la Academia Nacional de Guardacostas.
En el programa televisivo Estado Nacional, de canal 7, el jerarca alegó que ese centro “llevaba más de dos años de no dar cursos” y no tenía desarrollado el plan académico de los cursos. Luego, en una audiencia en la Asamblea Legislativa, la legisladora Sofía Guillén le indicó a Zamora que su viceministro, Manuel Jiménez Steller, había brindado la lista de los cursos que la Academia de Guardacostas ofreció.
“¿Mintió usted, en canal 7, señor ministro?”, le preguntó Guillén en aquel momento. “No, señora diputada. Usé una hipérbole, en relación con este tema. Estaba diciendo, en sentido figurado, que es una baja producción, de tres cursos en dos años”, respondió Zamora bajo juramento.
La presunta coadministración de la Contraloría es el principal alegato usado por Fernández y el presidente Rodrigo Chaves, para defender la supuesta necesidad de la ley jaguar.
Por esa razón, la ministra pidió a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración eliminar de la segunda versión de la iniciativa los artículos declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional, para que así el proyecto pueda avanzar. El único artículo que sobrevivió al examen constitucional pretende indicar que la Contraloría no puede abarcar ni sustituir asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la Administración Pública activa.
No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió de que esa limitación ya existe, por lo que el planteamiento de Zapote no aporta ninguna innovación, sino que constituye una reiteración normativa. Por esta razón, los magistrados electorales rechazaron la solicitud de recolección de firmas para un referéndum sobre la segunda versión de la iniciativa del gobierno.
TSE rechaza recolección de firmas para referéndum sobre segunda ley jaguar
