Los líos judiciales de Nicolas Sarkozy tienen otra cita marcada en rojo en el calendario de hoy. El expresidente conservador se vuelve a sentar en el banquillo por la presunta financiación libia de la campaña presidencial que le llevó al Elíseo en 2007. Se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión, cinco de inhabilitación para cualquier cargo político y 375.000 euros de multa. Lo hace apenas tres semanas después de confirmarse su histórica condena a tres años de prisión, uno de ellos en firme que deberá cumplir llevando un brazalete electrónico por corrupción y tráfico de influencias. La Justicia confirmó a mediados de diciembre del año pasado que el expresidente y su abogado Thierry Herzog sellaron en 2014 un «pacto de corrupción» con Gilbert Azibert, un magistrado del Tribunal de Casación, con el objetivo de obtener información sobre otro de los casos que afecta al expresidente galo.
Si esa condena ya fue histórica para un presidente de la V República, no lo va a ser menos el proceso judicial que encara Sarkozy desde hoy lunes. Nunca antes un presidente francés se había sentado delante de un tribunal parea hacer frente a acusaciones de financiación ilegal de una campaña política, y todavía este caso es más sorprendente porque detrás de ello hubiese otro país, Libia, y la mano de un dictador, Gadafi, cuyos días terminaron en medio de una intervención militar en la que París tuvo un papel protagonista en 2011. Un oscuro entramado internacional calificado por muchos en Francia como «escándalo de estado» sobre el que la Justicia quiere arrojar luz en las indagaciones que se realicen a lo largo de las próximas semanas.
Las sospechas sobre Sarkozy y su equipo se apoyan en testimonios como el del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine que asegura que entre noviembre de 2006 y enero 2007 entregó el dinero para financiar la campaña de Sarkozy a su jefe de gabinete, Claude Guéant. Lo llevó, entre tres viajes distintos, en una maleta llena de billetes de 500 y 200 euros, según el portal Mediapart. La versión oficial es que el dinero era un pago de Libia al Ministerio francés de Interior a cambio de la formación de agentes libios. «Que Sarkozy devuelva el dinero que ha aceptado de Libia para financiar su campaña electoral», dijo en 2011 Saif Al-Islam Gadafi, hijo del líder libio.
Sarkozy estrechó sus contactos con Gadafi en el año 2005, después que la ONU levantase las sanciones que pesaban sobre este país. Era un momento en que otros dirigentes europeos buscaban retomar el contacto con este país después de años de aislamiento diplomático. Siendo ministro del Interior, Sarkozy se reunió con el líder libio en Trípoli. Interrogada por los jueces y la policía, la intérprete no reveló el contenido de la conversación entre Sarkozy y Gadafi, alegando el secreto profesional. La victoria electoral del entonces líder de la derecha francesa en 2007 intensificó la luna de miel con un dictador que hasta años antes había sido un paria internacional, acusado de financiar el terrorismo contra países occidentales.
Mucho se escribió por entonces de aquella relación que tuvo su clímax, quizás por lo criticado y embarazoso, cuando Gadafi visitó París e instaló su jaima en un palacete junto al Elíseo. Más tarde la relación se deterioró y Sarkozy promovió la intervención militar en Libia. No había líder occidental más beligerante con Libia en aquel momento. Un giro sorprendente por su relación meses antes y que está en el centro de las investigaciones que se llevan a cabo. Y fue entonces cuando varias personalidades del régimen, con Gadafi al frente, empezaron a amenazar con revelar el «grave secreto» de los supuestos pagos a la campaña del entonces ministro. La intervención militar precipitó la caída del régimen, la posterior muerte de Gadafi y un conflicto que ha convertido al país en un foco de inestabilidad en la orilla sur del Mediterráneo, considerado por muchos como un estado fallido.
Tras su condena del pasado mes de diciembre, Sarkozy anunció a través de su abogado que recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos «para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado». El problema para el expresidente es que este recurso no impide que las penas impuestas se ejecuten. La única buena noticia para Sarkozky en todo este laberinro judicial con causas cruzadas es que cumple 70 años este próximo 28 de enero y a partir de esa edad podrá solicitar una libertad condicional. Una medida que, sin embargo, no siempre se concede.
