Resulta paradójica la coincidencia de la muerte de Jimmy Carter y el anuncio de Donald Trump de recuperar el canal de Panamá para Estados Unidos, al haber sido el expresidente el responsable de la entrega de tan importante obra.
Gracias al Tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977, Estados Unidos se comprometió a la entrega del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, lo que al final se concretó a mediados de diciembre de ese año por razones prácticas y el temor que despertaba alguna consecuencia del Y2K.
Fue en ese momento cuando Panamá asumió la soberanía plena, pues durante casi 100 años Estados Unidos tuvo control no solo del canal, sino también de los terrenos conocidos como la Zona del Canal, territorio donde Estados Unidos ejerció un control total hasta el punto de convertirse casi en un país dentro de otro, pues ahí no tenían acceso más que unos pocos panameños autorizados.
Estados Unidos obtuvo dicho control mediante el Tratado Hay-Bunau Varilla, después de que la empresa francesa a cargo se declarara en quiebra.
El proyecto fue iniciado por el ingeniero Ferdinand de Lesseps, responsable de la construcción del canal de Suez, quien ideó el sistema de esclusas para evitar tener que perforar en profundidad el macizo de la Culebra, lo que daría vida a una de las mayores obras de ingeniería de la historia.
Por la construcción, que tomó 10 años y se terminó en 1914, Estados Unidos obtenía los derechos perpetuos del manejo del canal y el uso de miles de kilómetros aledaños conocidos como la Zona del Canal.
La obra puso a Panamá en la geopolítica global, pero también se convirtió en una fuente de malestar para los panameños a causa de las desigualdades originadas, al punto de ocasionar varios levantamientos y muertes, entre ellos, de estudiantes.
El asunto se convirtió en algo complejo en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, que se identificaba con el malestar panameño. De ahí que el Tratado Carter-Torrijos fue percibido como un acto de acercamiento con la región.
Así que un retroceso o ataque a lo negociado no solo sería una violación al derecho internacional, sino una señal inaceptable para toda la región.
