Cuando el pasado septiembre Pedro Sánchez aseguró, con indisimulado tono autoritario, su intención de gobernar con o sin el apoyo del legislativo no solo apuntó al sistema de contrapesos que equilibra todo sistema democrático, sino que presumió de su impotencia para sacar adelante cualquier programa político. Los vetos cruzados entre sus socios, bloques enfrentados de una inexistente 'mayoría social', han obligado al Ejecutivo, con la complicidad de Francina Armengol, a bloquear a través de la prórroga del plazo de enmiendas más de una docena de sus leyes más urgentes, a las que hay que sumar las proposiciones de sus socios y las que la Mesa del Congreso paraliza según llegan del Senado. Que buena parte de estos proyectos legislativos tengan un carácter social no ha servido para que su teórica urgencia se materialice a través un trámite por la vía rápida. Tenía razón Sánchez: se puede gobernar sin el apoyo del legislativo cuando la única ley es la del mercado parlamentario.
