“El hecho de que alguien sea congresista, no significa que su razonamiento deba ser arbitrario”, dijo el saliente presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza.
El viernes ofreció su la última entrevista a La República como magistrado. El lunes 6 de enero asumirán funciones cinco nuevos integrantes de la Junta Nacional Justicia. Sin embargo, eso no lo exime de cuestionar las pretensiones del Congreso contra una de las instituciones más importantes del sistema judicial, pues esto permite comprender a qué se enfrentarán sus reemplazos.
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Su declaración sobre la arbitrariedad responde a los constantes ataques del Congreso contra las facultades de la JNJ. Uno de ellos, a través de un proyecto de ley que buscó eliminar la para crear la Escuela Nacional de la Magistratura y delegar al Parlamento la facultad de elegir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
Y De la Haza sostiene que la elección de autoridades judiciales y electorales no pueden estar sujetas al poder político. “Ese simple factor debe ser evitado”, enfatizó.
Pero también hay otra iniciativa que dejó a De la Haza preocupado: una presentada por Perú Libre para que el Congreso elija a los fiscales y jueces supremos. Esa potestasd también le pertenece a la Junta Nacional Justicia, pero un sector del Parlamento aspira a quitársela.
“Nosotros ya hemos pasado por ese momento de elegir jueces a través del Congreso y me parece que no es lo más apropiado. Sería retroceder. Hoy, la mejor forma es la independencia”, afirmó.
Será tarea de la nueva JNJ defender su institucionalidad ante el Parlamento. Los salientes consejeros no han tenido un panorama fácil. La JNJ funcionó durante la peor pandemia de nuestra historia y estuvo parte del año pasado con el quorum incompleto, en tiempos en los que debió resolver el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y revisar la ratificación de las autoridades electorales.
Benavides fue destituida cuando a la JNJ le faltaba dos magistrados: Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes fueron inhabilitados por el Congreso, pero regresaron mediante una acción de amparo.
Luego la JNJ ratificó a Piero Corvetto como jefe de la ONPE y a Carmen Velarde, como titular del Reniec, una decisión que no agradó al Parlamento.
Benavides no fue la única autoridad de alto vuelo del sistema judicial sancionada. “Hemos resuelto más de 500 procedimientos disciplinarios. Ahora, si queremos verlo desde la mayor jerarquía, entre lo que es el Poder Judicial, vocales supremos, y lo que es el Ministerio Público, que tiene cinco fiscales supremos, hacen un promedio de 25. Nosotros hemos emitido sanción desde lo que puede ser destitución hasta suspensión por 120 días, en total a 16 magistrados supremos”, detalló De la Haza.
Además de sanciones, desde el 2020 la JNJ hizo 702 nombramientos. Que no haya sido mayor el número se debe a factores presupuestales. “Ha dependido de los recursos que proporciona el Ministerio de Economía”, agregó De la Haza.
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La cifra de magistrados titulares y provisionales genera preocupación. “Jueces y fiscales suman 12 mil, de los cuales un tercio, que son 4 mil, en promedio, son titulares. Tenemos 8 mil provisionales. Eso no es ideal y perfecto para un sistema de justicia. ¿Cuál es el impacto que genera tener tantos provisionales? Sencillamente la falta de institucionalidad”, lamentó.
El Congreso que no escatima recursos cuando se trata de su presupuesto, solo aprobó que la JNJ tenga S/ 45 millones el próximo año, dos millones menos que en 2024.
Ese es el balance y también el panorama que le espera a la nueva JNJ.
Una de las últimas decisiones de la saliente Junta Nacional de Justicia fue presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial. Entre los objetivos de ese pedido se encuentra, primero, que el PJ cumpla con remitir toda la información solicitada por la JNJ (eso ayudará a ratificar a magistrados idóneos) y con establecer una carga estándar para medir la eficiencia de los magistrados.
La demanda competencial todavía no ha sido presentada formalmente ante el Tribunal Constitucional. Dependerá de la nueva Junta Nacional de Justicia aceptar o no la decisión adoptada por sus antecesores.
