La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que un proyecto de ley del diputado Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), intenta revivir la pesca de arrastre de camarón sin estudios técnicos.
Se trata del proyecto de Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica (expediente 24.263), que reformaría Ley de Pesca y Acuicultura.
En un criterio enviado a la Asamblea Legislativa, la procuradora Elizabeth León Rodríguez expuso que el texto plantea una modificación al artículo 47, el cual es parte del capítulo referido a la pesca de camarón, introduciendo allí categorías de pesca en general por tipos y escalas.
Para la PGR, “uno de los objetivos del proyecto, que no se menciona en la exposición de motivos, es modificar la ley para reactivar el otorgamiento de licencias para la pesca de camarón que regulaba ese artículo”.
No obstante, una sentencia de la Sala Constitucional anuló esta práctica debido a la gran cantidad de especies que destruye en el lecho marino y determinó que solo podría ser reactivada si estudios técnicos demuestran una nueva modalidad que reduzca esa pesca incidental.
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En agosto del 2013, los magitrados declararon inconstitucionales todos los incisos de la Ley de Pesca que se refieren a la pesca con redes de arrastre y ordenó al Incopesca no otorgar ningún permiso, autorización o licencia, ni renovar los vencidos, para la pesca de camarón.
El Tribunal reiteró su jurisprudencia en marzo del 2018, cuando anuló un acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que autorizaba una licencia de pesca de arrastre, y nuevamente en mayo de ese año, para rechazar un proyecto de ley cuyo informe técnico no cumplía los requisitos exigidos.
También, reiteró su rechazo en votos de agosto del 2019 y noviembre del 2021, bajo la estricta obligación de que una reforma legal que autorice la pesca de arrastre debe demostrar que existen estudios técnicos suficientes sobre la reducción de la captura incidental de otra fauna marina.
Consultado sobre la opinión jurídica de la PGR, el diputado Carlos Andrés Robles dijo que no la conoce y, aunque se le compartió, apuntó que lo verá el próximo lunes, cuando la Asamblea regrese de sus vacaciones.
La opinión jurídica de la Procuraduría añade que no hay claridad entre las reformas que propone el legislador puntarenense del PUSC y la “promoción de la pesca responsable” que dice impulsar.
“Algunas de las reformas no guardan coherencia con el resto del articulado de la Ley de Pesca y Acuicultura”, alertó el estudio de la Procuraduría General de la República, y enfatizó que la decisión de aprobar dichas reformas es una decisión de los diputados.
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La procuradora enfatizó que, en la exposición de motivos, no existe ninguna referencia a la reforma que podría abrir ese portillo y tampoco habla de la existencia de estudios técnicos que sustenten la posibilidad de revivir esa práctica.
“Esta (reforma) no se estaría sujetando a las condiciones exigidas por la Sala Constitucional en los votos citados, ya que el texto no exige contar con dispositivos para la disminución de la captura incidental, ni se estaría adoptando la decisión con base en un estudio técnico que acredite la reducción significativa de esa captura y su viabilidad y sostenibilidad con el ambiente pues, al menos en la exposición de motivos, no se hace referencia a la existencia de un estudio técnico en ese sentido”, señaló León.
En el estudio que la PGR realizó sobre el proyecto, se explica que la iniciativa plantea reformas con el fin de promover la “pesca responsable”, garantizando la conservación de los recursos marinos y el desarrollo económico de las costas.
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Sin embargo, en la revisión del proyecto, incluyendo el texto base y el sustitutivo propuesto, no se observó ningún vínculo entre las reformas y la promoción de la pesca responsable, además de que las reformas propuestas no guardan coherencia con el resto del articulado de la Ley de Pesca y Acuicultura y con otras disposiciones aplicables.
Por ejemplo, la Procuraduría considera innecesario reformar el artículo 1 de la ley para declarar al Incopesca, en coordinación con las universidades públicas, como la autoridad científica y técnica competente en emitir criterios técnicos y científicos en todo lo relacionado con la pesca y la acuicultura, porque ya esa ley detalla las competencias de la institución.
“Con la redacción propuesta, se está omitiendo la participación de otras instancias administrativas con competencias relacionadas, como, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, indicó la opinión jurídica.
