El salario base para calcular las multas y penas relacionadas con figuras delictivas durante el 2025 será de ¢462.200, según acordó el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión del pasado 12 de diciembre. Es el quinto año consecutivo en que el monto permanece sin cambios y regirá del 1.° de enero al 31 de diciembre del 2025.
La cifra corresponde al salario base mensual de un oficinista 1 incluido en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. Además, se utiliza como referencia para determinar diversas sanciones contempladas en el Código Penal, el Código de Trabajo y otros cuerpos normativos.
En el ámbito penal, las sanciones por delitos como hurto agravado, robo simple o estafa se determinan utilizando este salario base como referencia. El hurto agravado, por ejemplo, conlleva una pena de hasta diez años de cárcel si el valor de lo sustraído supera cinco veces el salario base (¢2.311.000), pero la pena no supera los tres años si el valor no excede ese monto.
Por su parte, el Código de Trabajo impone sanciones económicas a los empleadores que incumplan derechos laborales fundamentales, como el pago del aguinaldo.
Estas multas, calculadas según la gravedad de la infracción, oscilan entre uno y 23 salarios base, según el artículo 398 del código. Esto equivale a montos que van desde ¢462.200 hasta ¢10,6 millones.
En el caso de las pensiones alimentarias, el salario base se utiliza para determinar el monto correspondiente a los obligados no asalariados.
Este salario base también se emplea para fijar sanciones por infracciones contempladas en las leyes relacionadas con los aranceles del registro público, el impuesto a las personas jurídicas, el impuesto sobre bienes inmuebles, así como en normativas que regulan la propiedad en condominio, la propiedad intelectual, el patrimonio histórico, las concesiones, entre otras.
