Más de 2000 comerciantes ambulantes fueron desalojados de los alrededores del mercado 'La Cachina' y 'La 10', ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho. La intervención, realizada por la municipalidad y la Policía Nacional durante la madrugada del 3 de enero, busca recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura del distrito.
No obstante, son los comerciantes que han alzado su voz de protesta. Pese a que no se han negado a ser desalojados, han solicitado al alcalde una reubicación, pues muchos viven del día a día. Además, un grupo de vendedoras ambulantes aseguró que esta es su única fuente de ingreso y que no pueden cesar sus actividades, ya que sus familias se verían afectadas.
Los comerciantes informales que han sido desalojados se agruparon frente a las maquinarias de la municipalidad, observando cómo retiraban sus carpas y puestos. Muchos de ellos expresaron su deseo de ser reubicados y resaltaron su necesidad de trabajar. "El alcalde no nos da la cara, ese sitio no nos pertenece porque es vía pública, pero nosotros lo usamos porque necesitamos", comentó una de las vendedoras, quien pidió comprensión y una solución viable lo más pronto posible.
A pesar de las quejas, el alcalde Maldonado afirmó que se han mantenido conversaciones con comerciantes formales y que este es el desalojo número 15 en un esfuerzo por recuperar el espacio público. "Más que un desalojo es la recuperación de espacios públicos y así seguir trabajando con las personas que tienen las características", indicó.
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Las vendedoras se manifestaron en contra de la medida alegando que la mayoría vive del día a dia, algunas son madres solteras y tiene que pagar alquiler. "Nosotros no buscamos una galería, no importa un sitio chico pero que nos reubiquen (…) no podemos hacer nada. Apelo a su corazón del alcalde, pero nosotros estamos pidiendo que nos deje trabajar", mencionaron otros comerciantes.
De igual forma, los ambulantes afectados por el desalojo en los mercados 'La Cachina' y 'La 10' aseguraron que esta es su única fuente de ingreso. Pese a que no se opusieron a esta medida, los comerciantes sostienen que tienen cuentas qué pagar como el alquiler de sus viviendas y la alimentación de sus hijos.
"Hay mucha gente que de eso vivimos el día a día. Soy una madre soltera y pago alquiler (…) trabajo 20 años ambulatoria y nunca nadie nos ha dicho nada. Que nos deje trabajar honradamente", sostuvo una comerciante. "Lo hacemos porque necesitamos (…) queremos que nos rehubiquen. Subsistimos de esto. Somos más de 2 mil personas", acotó otra vendedora afectada.
