El litigio por la construcción de seis bungalows ilegales en la isla de Tabarca todavía sigue coleando más de un cuarto de siglo después de su inicio y poco más de diez años después de que se llevó a cabo su derribo. La Generalitat Valenciana ha perdido la batalla legal para que fueran los propietarios de la obra ilegal quienes pagaran los más de 400.000 euros que costaron a las arcas públicas la demolición de estas obras. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha anulado la resolución de la Generalitat del 6 de febrero de 2020 que imponía a los propietarios de las edificaciones el pago de 420.000 euros por los trabajos de demolición, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo judicial del TSJ no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
