El gobierno de Argentina solicitó este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde el pasado 8 de diciembre.
«La República Argentina solicitó hoy a la CIDH medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo, detenido ilegalmente en la República Bolivariana de Venezuela, en un acto que constituye una grave violación de derechos humanos«, expresó la Cancillería en un comunicado.
La petición resalta la arbitrariedad de su detención y pide medidas urgentes para garantizar su protección, ordenar su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro a Argentina, agregó en el texto.
«Basada en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la solicitud enfatiza la urgencia del caso y el riesgo inminente para la vida e integridad de Gallo«, indicó.
La República Argentina espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva «con rapidez» y exija su cumplimiento al Estado venezolano», indicó.
«Los derechos humanos y la democracia deben ser respetados y protegidos por todos», finalizó el escrito.
El gobierno de Argentina también presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención de Nahuel Gallo, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso.
«Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI», expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en un comunicado de prensa.
En el texto aseguró que el gobierno, liderado por Javier Milei, continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos de Nahuel Gallo, «proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional».
A Gallo lo detuvieron el 8 de diciembre tras cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela, con el propósito de visitar a su pareja y su hijo. Sin embargo, la Fiscalía venezolana lo vinculó a supuestas «acciones desestabilizadoras y terroristas» presuntamente planificadas con apoyo de «grupos de ultraderecha internacional».
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