Investigadores surcoreanos llegaron a la residencia presidencial con una orden para detener al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por su decreto de ley marcial del mes pasado, pero enfrentaron resistencia del personal de seguridad presidencial mientras cientos de seguidores de Yoon se congregaban afuera prometiendo protegerlo.
Al no lograr la detención, los investigadores abandonaron la residencia oficial del presidente tras un enfrentamiento de casi seis horas en el que éste desafió su intento de detenerle.
Es el último enfrentamiento de una crisis política que ha paralizado la política surcoreana y ha provocado la destitución de dos jefes de Estado en menos de un mes.
La agencia anticorrupción del país dijo que había retirado a sus investigadores después de que el servicio de seguridad presidencial les impidiera entrar en la residencia de Yoon durante horas por temor a su seguridad. La agencia expresó su “grave pesar por la actitud del sospechoso, que no respondió a un proceso conforme a la ley” y mencionó que sus investigadores, en minoría, tuvieron varios altercados con las fuerzas de seguridad presidenciales.
La Agencia Nacional de Policía dijo que planeaba investigar al jefe y a los subjefes del servicio de seguridad presidencial por sospecha de obstrucción al deber oficial y los citó a declarar el sábado.
Yoon, un exfiscal, ha desafiado los intentos de los investigadores de interrogarlo durante semanas. La última vez que se sabe que salió de la residencia fue el 12 de diciembre, cuando fue a la oficina presidencial cercana para hacer una declaración televisada a la nación, en la cual afirmó que luchará contra los esfuerzos para destituirlo.
Los investigadores de la agencia anticorrupción del país están considerando cargos de rebelión después de que Yoon, aparentemente frustrado porque sus políticas fueron bloqueadas por un parlamento dominado por la oposición, declaró la ley marcial el 3 de diciembre y envió tropas para rodear la Asamblea Nacional.
El Parlamento revocó la declaración en cuestión de horas en una votación unánime e impugnó a Yoon el 14 de diciembre, acusándolo de rebelión, mientras que las autoridades anticorrupción de Corea del Sur y los fiscales públicos abrieron investigaciones separadas sobre los eventos.
Un tribunal de Seúl emitió una orden de detención para Yoon el martes, pero hacerla cumplir es complicado mientras permanezca en su residencia oficial.
Los abogados de Yoon, que presentaron una impugnación a la orden el jueves, dicen que no se puede hacer cumplir en su residencia debido a una ley que protege los lugares potencialmente vinculados a secretos militares de ser registrados sin el consentimiento de la persona a cargo.
La oficina dijo que discutirá más acciones, pero no dijo de inmediato si haría otro intento de detener a Yoon. La orden de detención es válida por una semana.
Los abogados de Yoon también han argumentado que la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, que está liderando una investigación conjunta con la policía y los investigadores militares, carece de autoridad para investigar cargos de rebelión. Dijeron que los oficiales de policía no tienen la autoridad legal para asistir en la detención de Yoon y podrían enfrentar arresto por parte del “servicio de seguridad presidencial o cualquier ciudadano”. No elaboraron más sobre la afirmación.
Si los investigadores logran detener a Yoon, probablemente pedirán a un tribunal permiso para hacer un arresto formal. De lo contrario, será liberado después de 48 horas.
Park Chan-dae, líder del grupo parlamentario del Partido Democrático de oposición liberal, calificó de lamentable la retirada de la agencia anticorrupción y urgió a la agencia a hacer otro intento de detener a Yoon el viernes.
Kwon Young-se, quien dirige el comité de liderazgo de emergencia del conservador Partido del Poder Popular de Yoon, calificó el esfuerzo de la agencia por detener a Yoon de “sumamente injusto y excesivamente inapropiado”, diciendo que no hay riesgo de que Yoon intente huir o destruir pruebas.
Miles de oficiales de policía se reunieron en la residencia de Yoon el viernes, formando un perímetro alrededor de un grupo creciente de manifestantes pro-Yoon que desafiaron temperaturas bajo cero durante horas, ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos mientras cantaban consignas en su apoyo. No hubo informes inmediatos de enfrentamientos importantes fuera de la residencia.
Casi cinco horas después de que se viera a docenas de investigadores y oficiales de policía ingresar por la puerta de la residencia en Seúl para ejecutar una orden de detención para Yoon, la escena dramática pareció haberse convertido en un enfrentamiento. Dos de los abogados de Yoon, Yoon Kap-keun y Kim Hong-il, fueron vistos entrando por la puerta de la residencia presidencial alrededor del mediodía. No quedó claro de inmediato qué discutieron los abogados con el presidente.
Seok Dong-hyeon, otro abogado del equipo legal de Yoon, dijo que los esfuerzos de la agencia para detener a Yoon eran “temerarios” y mostraban un “descarte indignante de la ley”.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur confirmó que los investigadores y oficiales de policía pasaron por una unidad militar que custodiaba los terrenos de la residencia antes de llegar al edificio. El servicio de seguridad presidencial, que controla la residencia misma, se negó a comentar. La televisión YTN de Corea del Sur informó de escaramuzas mientras los investigadores y la policía se enfrentaban a las fuerzas de seguridad presidenciales.
A medida que avanzaba el enfrentamiento, los demócratas pidieron al líder interino del país, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, que ordenara al servicio de seguridad presidencial que se retirara. Choi no comentó de inmediato sobre la situación.
“No arrastren al íntegro personal del servicio de seguridad presidencial y a otros funcionarios públicos a las profundidades del crimen”, dijo Jo Seung-lae, un legislador democrático. Choi debe “recordar que abordar rápidamente la rebelión y prevenir más caos es su responsabilidad”, dijo Jo.
El ministro de Defensa de Yoon, el jefe de policía y varios comandantes militares de alto rango ya han sido arrestados por sus roles en el período de ley marcial.
Los poderes presidenciales de Yoon han sido suspendidos desde que la Asamblea Nacional votó para destituirlo el 14 de diciembre. El destino de Yoon ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que ha comenzado las deliberaciones sobre si mantener la destitución y remover formalmente a Yoon del cargo o reinstalarlo. Al menos seis jueces del Tribunal Constitucional de nueve miembros deben votar a favor para removerlo del cargo.
La Asamblea Nacional votó la semana pasada para destituir al primer ministro Han Duck-soo, quien se convirtió en presidente interino después de que se suspendieran los poderes de Yoon, por su renuencia a llenar tres vacantes del Tribunal Constitucional antes de la revisión del caso de Yoon por parte del tribunal.
Ante la creciente presión, el nuevo presidente interino, Choi, nombró a dos nuevos jueces el martes, lo que podría aumentar las posibilidades de que el tribunal mantenga la destitución de Yoon.
